Una decisión del Consejo de Estado abre la puerta de nuevo a la subasta de Isagén, aunque existen otras dos demandas pendientes.
La decisión del Gobierno de privatizar el 57,61 por ciento de la empresa generadora de energía sigue en firme pues necesita esos recursos para invertir en infraestructura.
Quienes se oponen a esta decisión alegan que se compromete un recurso vital y que la empresa es muy rentable. Por ello la enajenación de la propiedad de la Nación significaría un grave detrimento patrimonial.
Entre las empresas interesadas hay varias multinacionales, al igual que un consorcio en el que participa EPM y existen condiciones para que también sea posible la puja de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Entre quienes se oponen se encuentran los propios empleados de Isagén y el expresidente Álvaro Uribe, con sendas acciones legales.
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