El Ministerio de Justicia confirmó que Juan Carlos Sierra, alias "Tuso", ha cumplido una breve pena de cárcel en Virginia, Estados Unidos, y que no será deportado a Colombia para hacer frente a los múltiples procesos judiciales que tiene abiertos. Una vez más, aparecen las grandes falencias de la política colombiana de extradición.
En general, la extradición es un antiguo instrumento de cooperación jurídica internacional, aceptado por los más diversos Estados del mundo. Con ella se ha evitado la impunidad de quienes delinquen en un país determinado y pretenden, huyendo a otro (que puede ser el suyo propio) eludir la aplicación de la justicia.
Hay varios tipos de extradición, y así las consagra, por ejemplo, nuestro Código de Procedimiento Penal. Para los colombianos, sin embargo, la extradición por excelencia -por no decir la única- es la que concede Colombia, de sus propios nacionales, a los Estados Unidos, por delitos de narcotráfico o lavado de activos.
Durante muchos años la única herramienta eficaz para contrarrestar aquí el enorme poder de los narcotraficantes fue la extradición. A un costo incalculable en vidas humanas: ministros de Justicia, magistrados de la Corte Suprema, de Tribunales Superiores, jueces, oficiales de la Policía, periodistas, abogados. Nada temía más la mafia que la cárcel en Estados Unidos.
El panorama cambió radicalmente. Aunque Colombia seguía despachando delincuentes de toda laya hacia el norte, las autoridades judiciales estadounidenses cambiaron pronto de perspectiva. La justicia negocial, si bien vigente desde hace décadas, les está siendo ofrecida desde hace pocos años a los narcos colombianos con felices resultados para ellos, pero devastadores para nuestra justicia, para la dignidad nacional y, sobre todo, para la de las miles de víctimas que aquí se ven privadas de toda posibilidad de verdad, justicia y reparación.
A alias "Tuso" le habría sido concedido un permiso de trabajo para quedarse en Norteamérica. En Colombia tiene procesos pendientes por homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sedición, delitos contra la administración pública, concierto para delinquir y falso testimonio. También ha sido delator de varios políticos, acusaciones que debería ampliar, para que la justicia determine su veracidad. Su permanencia en Estados Unidos puede tener a más de uno celebrando, en sangrante contraste con tantas víctimas que no ven un mínimo resquicio de verdad.
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dice que "respeta" la decisión norteamericana y que buscará alternativas para que el señor Sierra finalmente comparezca ante nuestros tribunales.
El ministro no debería respetar tanto la decisión, sino más bien hacer oír su voz de protesta. Si algún jurista ha hecho planteamientos lúcidos sobre la necesidad de replantear la extradición, ha sido el mismo Gómez Méndez. Ojalá el combustible político le rinda antes del cambio (o renovación) del gobierno, para poner el tema en la agenda antes de que la perplejidad por el "caso Tuso" se diluya, como se diluye todo en este país.
Nadie va a reconocer, pero tampoco a negar, que la extradición se desnaturalizó al convertirse en una delegación a jueces de otro país de la administración de justicia, y en una forma de desencartarse de criminales inmanejables en nuestras cárceles.
Porque mientras nuestra justicia no se fortalezca, los narcos ya ni siquiera tendrán que temer la otrora terrible celda en los Estados Unidos.
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