Duplicar la cantidad de atenciones a los ciudadanos en la defensa de sus derechos, al pasar de 56.000 en 2020 a 109.000 en 2023, y asumir 3.617 casos de vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios del sector público, de los cuales 1.452 llegaron a indagación preliminar, son los logros más relevantes del actuar de la Personería Distrital de Medellín durante el cuatrienio que finalizará en febrero de 2024.
El funcionario menciona las investigaciones que se iniciaron contra Ingrid Vanessa González, actual secretaria de Gestión Humana de la Alcaldía Distrital, y Jennifer Andreé Uribe, exsecretaria de Salud y exalcaldesa encargada, por presuntas irregularidades. En el caso de la primera funcionaria, por supuestamente haberse autoaprobado un curso de inglés. Esta vigilancia fue solicitada por competencia preferente por la Procuraduría General.
En cuanto a Uribe, quien también fue precandidata a la Alcaldía, por haber efectuado, al parecer, un contrato de comodato con Saludcoop pese a estar inhabilidades para hacerlo. En su caso, recientemente la entidad formuló pliego de cargos.
Por la defensa de los DD. HH.
En el componente de la defensa de los derechos humanos de los habitantes de la ciudad, la Personería generó diversas estrategias para estar más cerca de ellos y poder incrementar sus atenciones en los distintos canales habilitados, tanto físicos como digitales.
Eso permitió que entre 2020 y 2023 se duplicaran las atenciones para alcanzar un total de más de 300.000 casos revisados, un hito que ratifica que la entidad está más cerca de las necesidades de los ciudadanos.
Esto es clave para poblaciones con mayores vulnerabilidades, como las comunidades indígenas, los migrantes y los habitantes de calle, quienes por distintas circunstancias requieren un acompañamiento más cercano y frecuente.
Por ejemplo, y mediante su Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados, la Personería ha actuado para garantizar el acceso a salud de las poblaciones migrantes, al cual tienen derecho aun cuando no tengan regulada su presencia en el país. Por otro lado, la entidad acompañó a las comunidades indígenas que se han asentado en la ciudad, y veló porque sus derechos sean respetados en todo momento, incluso durante su regreso a sus poblaciones de origen.
Vigilancia al presupuesto participativo
La Personería también hizo seguimiento a las denuncias por supuestas irregularidades en la ejecución de los recursos disponibles para el presupuesto participativo, una estrategia de la Administración Distrital que permite que los ciudadanos, mediante órganos como las juntas administradoras locales, asignen dineros públicos a proyectos que son priorizados por los propios habitantes.
“Identificamos que algunos ediles estaban comprometidos con la selección de las corporaciones, fundaciones o personas con las que luego se tercerizan algunas de las iniciativas que eran aprobadas para ejecutar por este presupuesto”, mencionó Vivas.
*Contenido en colaboración con la Personería Distrital de Medellín
