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El magistrado Jairo Jiménez lleva tres trasteos en solo un mes. El último fue hace dos días. Como los demás, fue de emergencia. El agua corría con la fuerza de una cascada desde el cielorraso de su despacho, ubicado en una de las torres del complejo Nuevo Naranjal, hasta encharcar todo el piso. El personal auxiliar revoloteaba por la oficina para evitar que los expedientes y los equipos electrónicos se emparamaran sufriendo un daño irreparable.
El episodio del martes ha sido sin duda el más grave, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia, al que pertenece Jiménez, lleva soportando incomodidades desde hace cuatro años, cuando se mudó a este complejo que se construye bajo la gestión de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) como parte del Plan Parcial Naranjal.
El padecimiento es todavía mayor desde hace un mes que reanudaron las obras que estaban suspendidas.
Tan grave es la situación que otros problemas estructurales de la Rama Judicial, como el número abrumador de casos (cada magistrado tiene en promedio mil procesos) o la falta de conjueces que se encarguen de 450 expedientes en los cuales los magistrados están impedidos, que pasaron a un segundo plano, por el momento.
Catalina Bedoya, abogada asesora del magistrado Jiménez —este presidió el contencioso departamental el año pasado— relata que prácticamente durante ese periodo cada semana algún despacho reportó daños en la infraestructura.
Todos han presentado incomodidades, pero en especial cuatro, los del cuarto y último piso, que habían tenido que suspender actividades. De hecho, originalmente la oficina de Jiménez quedaba en esa planta, hasta que un torrencial aguacero lo obligó a irse al recinto donde se celebran las salas plenas, pero colapsó el techo del nuevo albergue y lo pasaron a la oficina 322, donde estuvo hasta el martes para no suspender la atención, pero finalmente tuvo que cerrar.
El vendaval de ese día ocasionó que otros cuatro magistrados con el personal que les ayuda tuvieran que cesar su labor presencial. Es decir que el Tribunal Administrativo quedó laborando prácticamente a mitad de su capacidad.
Al abrir los ascensores, un espectáculo tuguriano enfrenta al usuario a lo que parece una caricatura del sistema de justicia en el país, con plásticos en el techo y baldes cuidadosamente puestos en el piso, calculando el recorrido de los chorros que suelen caer durante los aguaceros.
Es algo impensable tratándose de un edificio nuevo y parece aún más difícil de entender cómo se inundan las oficinas del tercer piso cuando la última planta es la cuarta, pero la presidenta del Tribunal, Martha Nury Velásquez, explica que es agua que se ha ido represando.
Ni siquiera ella con su dignidad de jefa se salva de las goteras. En su despacho, un plástico en el techo y un recipiente en el piso para que atajen el agua le quitan la gracia a la decoración sobria y de muebles recién estrenados.
En un despacho vecino de la Presidencia reina la desolación. Está cerrado y a través de las vidrieras se aprecia todo el mobiliario y la papelería cubiertos, también con plásticos.
“Irse un fin de semana genera mucho susto porque hay que dejar todo tapado; no puedes dejar nada en el piso. Pero igual llegas y está todo inundado; ya no puedes venir con tacones porque siempre hay que hacer algo”, relata la abogada Catalina Bedoya, asesora del magistrado Jiménez.
“Anoche (lunes) a las 12 comenzó a llover y yo me senté a pensar qué estaría pasando en el tribunal, casi no me duermo, y así llevamos casi un mes, lo que hace que se reanudaron las obras”, agrega Velásquez.
Una vez el susto fue mayúsculo porque se cayó el techo del baño de mujeres en plena jornada laboral.
El Tribunal Administrativo, que lleva las demandas contra el Estado, funcionó antes en el edificio Rodrigo Lara Bonilla, en el Centro de la ciudad, pero el inicio de la oralidad volvió imperativo habilitar salas de audiencias. Entonces se pasó al Edificio del Café, a unas cuadras de la primera sede, que también se quedó pequeña con la creación de cinco despachos más, en 2015, para completar 16, con unos 150 funcionarios.
Ahí fue cuando optaron por tomar en arriendo buena parte de los dos pisos altos del Parque Comercial y Residencial Nuevo Naranjal, a donde se trasladaron cuatro años atrás, aunque la aspiración es que se construya un edificio en un área cercana al Centro Administrativo La Alpujarra.
La presidenta del Tribunal, por su parte, explica que si bien han tenido que soportar goteras desde que se mudaron al Nuevo Naranjal, no eran de la magnitud actual y todo ha sido por cuenta de la reactivación de las obras por parte de los constructores contratados por la EDU, debido a que están interviniendo la terraza y eso se ha combinado con la temporada invernal.
Hasta ahora se han presentado daños de equipos, deterioro en expedientes que han tenido que ser reconstruidos después de mojarse, además de que no se pueden celebrar audiencias.
La pandemia por la covid-19 les había dado un margen de maniobra porque utilizaron el recinto de las salas plenas para reubicar temporalmente a los damnificados de cada episodio y luego del retorno parcial a la presencialidad lograron que hicieran una excepción para que los cuatro magistrados con problemas locativos trabajen desde sus casas, bajo la condición de que se mantenga la atención en la Secretaría del Tribunal.
Una salida que han estudiado es trasladarse al edificio de la extinta empresa de teléfonos departamental Edatel y se daba como casi segura porque Tigo-Une estaba dispuesta a hacer las adecuaciones en un periodo breve; no obstante, la Ley de Garantías se atravesó. Eso hace que el plan tenga que esperar posiblemente hasta el 20 de junio si los comicios para Presidente de la República se van a segunda vuelta.
Ayer una comisión técnica de la Judicatura visitó el Nuevo Naranjal y se espera que hoy anuncien medidas de emergencia. Una de las propuestas es que se pida una excepción a los limitantes de la Ley de Garantías para destrabar la nueva mudanza.
Promesas incumplidas
Hasta ahora, el Nuevo Naranjal está ocupado en su parte habitacional, con alrededor de 120 apartamentos. Sin embargo, el componente comercial y de oficinas tiene un aspecto medio fantasmagórico. Aparte del Tribunal Administrativo, en los pisos 3 y 4 solo hay dos oficinas más abiertas, y en el primer piso, una farmacia y un minimercado. Los avisos de “se arrienda” abundan. César Guzmán, presidente del Colegio Antioqueño de Abogados (Colegas) dice que la EDU les incumplió varias promesas que inicialmente les hizo y la primera es que esto sería como una pequeña ciudad dentro de la ciudad, con un gran movimiento, lo cual no se ha visto.
También, asegura, les dijeron que habría un auditorio para 100 personas que a colegas le atrajo especialmente por la posibilidad de programar actividades académicas. Pero, en cambio, solo vieron un salón de reuniones pequeño.
Además, añade que los parqueaderos son insuficientes para los clientes potenciales y faltan muchas zonas por adecuar. Por ejemplo, unas especies de cachuchas que eviten que el agua caiga directa en la fachada y la deteriore, como está pasando. Y lo que más lamenta, dice, es no poder salir porque no están de arriendo, como el Tribunal Administrativo, sino que son propietarios.