Tras dos años de investigación, ayer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso la multa más alta de su historia por la adjudicación irregular del contrato de la Ruta del Sol 2, en contra del consorcio conformado por las firmas Odebrecht, Corficolombiana y Episol. Estas dos últimas empresas colombianas se defendieron y dijeron que continuarán con el proceso (ver recuadro)
En total, las multas impuestas contra las tres firmas y contra algunos de sus directivos suman 295.086 millones de pesos, de los cuales la Constructora Norberto Odebrecht deberá pagar 87.780 millones de pesos, al igual que Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A., mientras que Corficolombiana deberá pagar 55.564 millones de pesos y Episol 33.826 millones.
Antes de avanzar en los alcances de la sanción, es importante recordar que la Ruta del Sol 2 inició su construcción en 2010 y hace parte de los proyectos de concesiones de tercera Generación. Fue liquidada por el Gobierno en febrero de 2017 debido a los hechos de corrupción que se conocieron en relación con Odebrecht, su principal accionista.
En ese sentido, desde octubre de ese mismo año, el Ministerio de Transporte a través del Invías, tiene a su cargo los 605 kilómetros del proyecto comprendido entre los sectores de Puerto Salgar, La Lizama, San Alberto, La Mata y San Roque, así como la Transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, Puerto Capulco.
En la actualidad la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, estructura un proyecto de Quinta Generación de Concesiones para terminar esta carretera, con la que se busca conectar el centro del país con el Caribe en doble calzada (ver recuadro).
Los hallazgos
La Superintendencia de Industria y Comercio “encontró plenamente acreditada la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo” entre Odebrecht, Corficolombiana y Episol, que se ejecutó en dos partes.
Ahora, es importante entender lo simple: ¿qué es un acuerdo anticompetitivo? De acuerdo con la SIC “es un convenio o práctica concertada entre dos o más empresas, que restrinjan o distorsionen la competencia”.
Entonces en la Ruta del Sol se ejecutó en dos partes. En una primera fase, de acuerdo con la SIC, idearon, celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para garantizar la adjudicación del contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la concesionaria.
Y, en una segunda fase, reveló la SIC, se ejecutó a través de una dinámica de “reembolsos y pagos irregulares, que se materializó a través de la instrumentalización de diferentes contratos, les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible”.
El delator
Recordó la SIC que la investigación contó con la colaboración de Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte (2009), “quien confesó y delató conductas violatorias del régimen de libre competencia económica durante la estructuración, adjudicación y ejecución de contrato”.
Es importante recordar que el 13 de diciembre de 2017 el juzgado 31 penal del circuito de conocimiento de Bogotá impuso 62 meses (5 años) de cárcel contra el exviceministro de Transporte, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio, los cuales fueron aceptados con anterioridad.
En el mismo documento que reveló ayer la Superintendencia, esta entidad recordó la manera en que García Morales se convirtió en la ficha clave de todo el entramado. Explicó que al materializar los pagos, Odebrecht, Corficolombiana y Episol, “una vez establecieron que García Morales se encontraba en una posición privilegiada que le confería la suficiente capacidad para influenciar, decidir y actuar en todas las instancias del proyecto enfilaron todos sus esfuerzos con la finalidad de sobornarlo y utilizarlo para asegurar su participación directa en el despliegue de su sistema anticompetitivo”.
Por esa razón, señaló el documento, se realizaron una serie de reuniones secretas para definir y concretar el acuerdo ilegal a través “de una retribución económica como contraprestación de garantizar la adjudicación del contrato de concesión sin ninguna presión competitiva al momento de la evaluación de su oferta económica y limitando la libre concurrencia de otros competidores”.
Una vez se concretó el acuerdo con García Morales, dijo la SIC que Odebrecht y Corficolombiana idearon y planificaron que “directamente en la ejecución del contrato de concesión se haría la división de los costos del pago de la retribución económica pactada, la cual ascendió a los seis millones quinientos mil dólares y de cuyo pago inicialmente se encargó Odebrecht”.
Dichos pagos fueron programados a partir de marzo y hasta septiembre de 2010 con el “nombre clave de costeño”.
Por último, la Superintedencia indicó que esta decisión agotó “todas las etapas del procedimiento administrativo por prácticas restrictivas de la competencia adelantado por la Delegatura y sancionado por el Despacho y el Consejo Asesor, en el cual se respetaron y garantizaron en todo momento los derechos de los investigados, el debido proceso, y la presunción de inocencia, y se valoró en conjunto todo el material probatorio recabado, incluida la colaboración de García Morales”.
Contra la decisión procede el recurso de reposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio. También pueden ejercer acciones de nulidad ante el Consejo de Estado
