La justicia de Perú decidirá hoy si envía a Keiko Fujimori, líder de la oposición del país y excandidata presidencial, a una prisión preventiva durante 36 meses por supuestos aportes ilegales a su pasada campaña presidencial. El pedido de prisión preventiva fue presentado por la fiscalía, una semana después de ser liberada por una corte de apelaciones tras permanecer siete días detenida por el mismo caso.
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Este pedido de prisión preventiva por 36 meses, el máximo plazo contemplado por la ley, amenaza la aspiración de Keiko de ser candidata presidencial, por tercera vez, para las elecciones 2021.
Keiko adoptó en las últimas horas un sorpresivo tono conciliador, llamando a la “paz y el reencuentro” con el gobierno peruano, tras haber mantenido un sello beligerante desde la campaña electoral de 2016, que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski. “Terminemos juntos esta guerra política reconociendo que todos hemos sido parte de ella”, declaró Keiko, quien no dio tregua a Kuczynski hasta forzarlo a renunciar a la presidencia en marzo pasado.
La suerte de Keiko, de 43 años, debía ser resuelta el pasado domingo, pero su defensa alegó que le faltaban documentos que debió darle la fiscalía y pidió más tiempo para preparar sus argumentos.
La petición fue aceptada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien reprogramó la audiencia para este miércoles. Keiko no está obligada por ley a asistir, pues basta que acuda su abogada, Giuliana Loza, pero se da por hecho de que lo hará, tal como hizo el domingo.
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El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez ha pedido prisión preventiva para 12 dirigentes y cuadros fujimoristas, encabezados por Keiko, a quienes acusa de recibir y encubrir 1,2 millones de dólares de Odebrecht a la campaña de ella en 2011.
La petición debe ser resuelta por Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a quien Keiko acusa de estar confabulado con el fiscal Pérez.
