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¿En qué va la regularización de la marihuana recreativa en México?

Tras orden judicial, debate está en la Cámara de Diputados. Zara Snaap, experta y consultora, explica por qué el proceso lleva 3 años retrasado.

  • La experta Zara Snaap ha acompañado el proceso de la regularización del cannabis en México desde el RIA. FOTO Cortesía
    La experta Zara Snaap ha acompañado el proceso de la regularización del cannabis en México desde el RIA. FOTO Cortesía
05 de junio de 2021
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Después de cinco casos ganados, desde 2015 cuando logró el primero hasta 2018 que obtuvo el último, con el argumento del derecho al libre desarrollo de la personalidad ante la Suprema Corte de Justicia, en México, esa autoridad determinó que prohibir el uso de marihuana recreativa en ese país es inconstitucional.

Así, ordenó modificar la ley para permitir el autocultivo de cannabis derogando cinco artículos de la Constitución. Para ello, dio un plazo de 90 días a partir del fallo, en 2018, en el que los legisladores deberían aprobar una nueva norma. Van 3 años y la rama legislativa no lo ha hecho.

Por eso, EL COLOMBIANO conversó con la politóloga y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, Zara Snapp, quien además es cofundadora del Instituto RIA, el cual hace parte de la coalición Regulación por la Paz, un grupo de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que buscan impulsar una transformación integral de la política de drogas como una manera de abonar a la construcción de paz en México y que ha debatido con el Gobierno las condiciones con que deberá aprobarse esa ley.

Snaap cuenta cómo va el proceso y adelanta que la nueva ley podría ser aprobada este mismo año.

¿Qué ha pasado en estos 3 años y cómo va el proceso?

“Desde 2018, año en que la Corte Suprema ordenó modificar la ley, el proyecto pasó al escenario legislativo. Ahí han surgido iniciativas, debates, parlamentos abiertos y diferentes espacios que se han convertido en un discusión nacional sobre cómo regular el mercado.

En noviembre de 2020 el Senado de la República aprobó un proyecto de ley con 82 votos a favor de los 128 que hay. Después pasó a la cámara de diputados, y ellos trabajaron y aprobaron un proyecto en marzo de este año que era parecido, pero que tenía varios artículos diferentes, entonces tuvo que regresar al Senado, donde no ha sido aprobado.

Nos hemos tomado tres años porque las y los legisladores sienten que es un tema muy complejo y han estado solicitando prorrogas. Ellos solicitan tiempo y la Corte Suprema les da un período legislativo extra, esto ha sucedido tres veces. Lo último que pasó fue que llegamos a esta fecha límite de abril de 2021 y el Senado no aprobó el proyecto, pero tampoco solicitó una prorroga. Entonces, estamos en una especie de limbo y nos podemos someter a varios escenarios”.

¿Cuáles serían esos posibles escenarios?, ¿influye el hecho de que estén en periodo electoral?

“Claro. En México tenemos elecciones el próximo 6 de junio y el partido mayoritario (Morena) no quería darle a la oposición algún tipo de arma que pudieran utilizar en las elecciones. Eso ha retrasado las decisiones. En cuanto a los escenarios que nos espera, el Senado y la Cámara están desafiando a la Corte y a la fecha que esta había fijado.

Entonces la Suprema Corte puede pronunciarse argumentando que ellos no han modificado la ley en el tiempo que han tenido y podría preparar una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, con lo que sería la misma Corte la encargada de cambiar la ley.

Si es así, la Corte le diría a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) que tiene que permitir que cualquier persona adulta que busque un permiso tenga la posibilidad de cultivar en casa, pero no necesariamente legislaría en los otros puntos, como producción y comercialización.

Ahora, los otros caminos serían que el Senado llame a un período extraordinario durante las vacaciones o que retomen la discusión en septiembre, cuando inicie el nuevo periodo que ya sería con los y las legisladoras elegidos en estas elecciones”.

¿Qué es lo que establece el proyecto que hay actualmente? Es decir, ¿bajo qué condiciones se podría cultivar, portar y consumir el cannabis recreativo?

“Los dos proyectos (el de la Cámara de Diputados y el del Senado) tienen cosas en común. Contemplan tres vías de acceso: el autocultivo de seis plantas en casa, o hasta ocho si hay dos adultos; y asociaciones cannábicas, que pueden tener hasta ocho miembros y con un límite de 50 plantas. Estas dos son sin fines comerciales. La tercera opción es todo un mercado regulado, que entonces sí contempla distintos tipos de licencias. Ya sea de cultivo, transformación, distribución o comercialización.

Los dos proyectos proponen que las personas puedan portar hasta 28 gramos sin ninguna sanción. De ahí en adelante habría multas si se porta de 28 a 200 gramos y posibles penas carcelarias si se excede esa cantidad”.

Hay una preocupación que tiene que ver con que la ley no priorice a los pequeños cultivadores, ¿de qué se trata?

“Esa es una de nuestras grandes preocupaciones de transitar de la ilegalidad a la legalidad. Nosotros queremos que esto sí tenga el impacto social que tanto necesitamos en México y por eso pensamos que una buena política de drogas puede formar parte de la construcción de paz, pero solo si lo hacemos bien. No podemos hacer esa transición para que sea otra industria extractiva que toma los recursos sin distribuir las ganancias de forma más justa. Por eso, gustó mucho una propuesta en el proyecto de ley del Senado que era dejar una cuota de licencias exclusiva para las comunidades priorizadas que sería del 40 %. El nuevo proyecto no especifica. Dice que le vamos a dar prioridad a estas comunidades, pero ¿Cómo medimos, evaluamos y monitoreamos eso? Es difícil”.

México se convertiría en el segundo país de América Latina en regular el uso del cannabis recreativo, después de Uruguay ¿Cree que lo que está pasando puede abrir el camino para otros países de la región como Colombia?

“Creo que todos pensábamos que iban a suceder las cosas más rápido después de lo de Uruguay, en 2013, pero es también entender que muchas de nuestras sociedades son reticentes a andar ese camino. Esperemos que, justo por tener un modelo mexicano que debería estar centrado en la justicia social y en la reparación del daño, eso se pueda traducir en aprendizajes para otras jurisdicciones donde también han sufrido los daños de la prohibición. El contexto mexicano tiene mucho en común con Colombia y América Latina, en general, que Canadá, EE. UU. o hasta Uruguay, que es un país pequeño y tiene un contexto distinto. Esperamos que sí”

2018
año en que la Corte de Justicia de México ordenó darle legalidad a su uso.
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