Para manifestar el desacuerdo con el cierre prolongado de la frontera colombo-venezolana, cerrada hoy hace nueve meses, representantes gremiales, actores políticos, legisladores y sociedad civil, convocaron a un paro cívico en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, limítrofes entre el estado Táchira (Venezuela) y Norte de Santander.
En antesala al cese de actividades, habitantes de San Antonio y Ureña adelantaron desde el lunes marchas y concentraciones públicas pacíficas, exigiendo al gobierno venezolano reabrir de inmediato el paso binacional, cerrado el 19 agosto de 2015.
El cierre de frontera, dijo Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira, nació de manera inconstitucional y se ha alargado de la misma forma. Luego de ser catalogada como la zona más dinámica de América Latina, ahora se conoce cómo la más pobre del continente, precisó la representante gremial.
“Lo que 10 años atrás fue un intercambio comercial que ascendió a 7 mil millones de dólares, ahora está en ceros. Sectores de transporte de carga, aduaneros y operadores cambiarios llevan nueve meses paralizados”, dijo Castillo.
El parque industrial de San Antonio y Ureña está en un 80 % cerrado. Un 15 % de las empresas han emigrado —las más cercanas a Colombia—, y que retornen de nuevo a territorio venezolano será muy difícil, porque las formalidades y trámites existentes en el país son complicados.
El 7o % del sector comercial en la frontera está cerrado. “De cinco comercios legalmente constituidos que existen en una cuadra, solo dos permanecen abiertos y los atiende el mismo propietario, porque no da la base para mantener empleados”, explicó la vocera de los comerciantes.
Criminalidad en ascenso
El alcalde de Pedro María Ureña, Alejandro García, quien forma parte de los organizadores del paro cívico, indicó a EL COLOMBIANO que el contrabando y la acción de grupos delictivos, otro de los males que aquejaba a la frontera antes del cierre, continúan.
En Ureña hay cerca de 200 empresas que traen repuestos, maquinaria y autopartes usadas de EE.UU. y Europa, las mismas que están cerradas hace dos meses por orden de estas estructuras que operan en la entidad, dijo el alcalde.
“No pueden ni vender un tornillo, porque los extorsionan piden una cuota a cada uno de los propietarios para poder funcionar y suma 300 millones de pesos colombianos -más de 90 millones de bolívares-. Igual sucede con los demás comercios de la localidad, que les exigen una moto como parte de pago de la vacuna”, detalló.
De acuerdo con la autoridad municipal, la gasolina venezolana tiene inundada a Cúcuta, al punto que la demanda hizo bajar el precio de la pimpina entre 15 y 20 mil pesos.
“Recién cerrada la frontera, se cotizaba en 40 mil pesos, pero desde hace tres meses el aumento en las colas en estaciones venezolanas dan cuenta del mayor contrabando de combustible a Colombia”.
Social contra economía
Vladimir Tovar, coordinador de Asuntos Fronterizos y Comercio Exterior de la Federación de Cámaras de Comercio del Táchira (Fedecámaras), señaló que en lo económico y social, están seriamente afectados Norte de Santander, La Guajira y Arauca.
El sector aduanero de Colombia, que se desplazaba por vía terrestre, está en la misma situación que los venezolanos. “El costo del cierre de la frontera ya es más social que económico. Lo económico se recupera trabajando más. Pero el costo social padecido por las familias se representa en tener trabajo y no cubrir necesidades básicas”, explicó Tovar.
Así mismo, el expresidente de Fedecámaras, José Rozo, manifestó que el cierre de la frontera desencadenó una crisis humanitaria, pues se está atentando contra la vida quienes habitan en la zona.
“Quien no tiene alimentos se muere y quien no tiene acceso a salud y medicamentos y no puede pasar a Colombia también está destinado a fallecer”, agregó el exfuncionario, para quien el cierre de frontera es “genocidio silencioso”.
7
mil millones de dólares llegó registrar comercio en frontera.
