El Salvador vivió este martes una jornada de aparente calma mientras los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estudian la irrupción de militares y policías armados al Congreso de el domingo pasado.
Por su parte, una treintena de organizaciones sociales y gremios de empresarios llamaron a la “cordura” y analizaron las posibles consecuencias de la decisión del presidente del país, Nayib Bukele, de ingresar a la sede parlamentaria acompañado de las fuerzas de seguridad.
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El pasado lunes, la Corte ordenó a Bukele abstenerse de “hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, representativo y democrático”.
“Si fuera un dictador ya hubiera tomado el control de todo”
El episodio fue protagonizado por el mediático mandatario salvadoreño, muy vinculado con las redes sociales y que el año pasado destacó por tomarse una selfie antes de intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sin embargo, ese aire fresco contrastó con su actitud del fin de semana. Bukele buscaba que los legisladores votaran por un préstamo de 109 millones de dólares para seguridad. Sin embargo, la sesión había sido declarada improcedente por el Congreso y que no se dio también por falta de quorum.
El 7 de febrero, Bukele publicó en su Twitter que la inasistencia de los diputados a la sesión extraordinaria “estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución”, mismo que estipula la insurrección.
El domingo aplicó sus palabras y, por primera vez desde el fin de la dictadura militar en 1992, ingresó al Congreso con soldados y policías armados, con la intención de aprobar el proyecto.
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Al principio, ante los primeros cuestionamientos, Bukele se defendió afirmando que “si fuera un dictador, ya hubiera tomado el control de todo”.
Gobierno acatará fallo
El Gobierno de El Salvador señaló mediante un comunicado que acatará la medida cautelar de abstenerse de usar el Ejército en actividades que pongan en riesgo al país.
“Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, en relación a dichas medidas, acataremos a orden”, apunta el documento El Ejecutivo también aseguró que “se ha mostrado, en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes, como pilar fundamental de Estado Constitucional de Derecho”, pero lamentó que las restricciones de los jueces “podrían dificultar el efectivo trabajo de este Gobierno”.
