La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente una orden emitida por un juez que protegía a unos 350.000 venezolanos de ser expulsados del país por la administración del presidente Donald Trump.
El magnate republicano hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.
Los venezolanos sufrieron de lleno la embestida antimigratoria de Trump, cuya secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la extensión del Estatus de protección temporal (TPS) que da cobertura legal a cientos de miles de venezolanos e impide que se les pueda expulsar y pierdan su trabajo.
El juez federal de California, Edward Chen suspendió temporalmente en marzo la decisión del gobierno por estimar que “huele a racismo”.
Pero el asesor jurídico de la administración, John Sauer, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora. Le pedía que suspendiera la orden del magistrado.
“Mientras la orden esté en vigor, la secretaria debe permitir que cientos de miles de nacionales venezolanos permanezcan en el país”, a pesar de estar convencida de que “es ‘contrario al interés nacional’”, alegaba Sauer.
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Este lunes el máximo tribunal no eliminó el TPS, pero concedió la solicitud de emergencia presentada por el gobierno el tiempo que el caso se litigue en los tribunales, con lo cual unos 350.000 venezolanos quedan a la deriva.
El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración del expresidente demócrata Joe Biden prolongó el TPS por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
Estados Unidos otorga el TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones “extraordinarias”.
El fallo judicial del lunes es un balón de oxígeno para Trump, quien atacó duramente a la Corte Suprema el viernes por haber mantenido el bloqueo de las expulsiones de migrantes bajo la Ley de enemigos extranjeros de 1798, invocada contra venezolanos acusados de ser pandilleros.
En un fallo de 7 contra 2, los magistrados bloquearon sus planes de expulsar a un grupo de migrantes recluido en Texas (sur), después de que en marzo deportara a más de 200 a una megacárcel de El Salvador.
La Corte Suprema estima que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
La decisión en este caso también es temporal: devuelve el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que determine si es lícito el uso de la Ley de enemigos extranjeros y establezca las condiciones en las que los migrantes pueden impugnar su expulsión ante los tribunales.
“La Corte Suprema de Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que me han elegido”, declaró Trump el viernes en su plataforma Truth Social, visiblemente enfadado.
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Trump estima que la banda de origen venezolano Tren de Aragua está involucrada en “acciones hostiles” y “amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”.
Según la Casa Blanca, el “régimen hostil” de Maduro mueve los hilos.
Por eso, el 15 de marzo el republicano invocó esa ley de 1798, hasta ese día usada solo en tiempos de guerra, para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión de El Salvador.
Los abogados de algunos de los migrantes expulsados niegan que sus clientes sean pandilleros y afirman que fueron detenidos por sus tatuajes.
