La puja diplomática del gobierno de Gustavo Petro y su par Dina Boluarte en Perú se ahondó después de que el Ejecutivo de Boluarte remitiera una nota protesta a Colombia por las palabras de Petro sobre la actuación policial en las manifestaciones.
El Ministerio de Exteriores de Perú remitió una nota diplomática de protesta a Colombia por las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, criticando la operación de las fuerzas de seguridad peruanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima.
Según la carta remitida por la diplomacia peruana, Petro habría llevado a cabo un “nuevo acto de injerencia” en temas de política interna, una conducta que ha calificado de “no consistente con las normas del Derecho Internacional”.
“Sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta que todo jefe de Estado debe observar en cumplimiento del Derecho Internacional”, ha aseverado el Ministerio de Exteriores peruano, criticando que el mandatario colombiano haya emitido una opinión sobre lo ocurrido en el campus de la Universidad de San Marcos.
Petro le exigió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) examinar “el caso de Perú” tras la decisión del Gobierno andino de iniciar un operativo policial en el centro educativo para desalojar a los manifestantes que se habían encerrado en sus instalaciones en una actuación que se saldó con al menos 205 detenidos y críticas de organismos internacionales.
“Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú”, esgrimió Petro en un mensaje en la red social Twitter. Alrededor de 400 policías irrumpieron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones.
El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, ha explicado anteriormente que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención, como han venido denunciando organizaciones de Derechos Humanos.
Organismos como Amnistía Internacional han condenado el “uso desproporcionado de la fuerza” y respeto a los Derechos Humanos. “El estado de emergencia no suspende el debido proceso.
Las personas detenidas deben tener acceso a su defensa en todo momento y contar con intérpretes de necesitarlo. Se mantiene la prohibición de incomunicación y de tratos crueles e inhumanos”, ha recordado el organismo internacional.
Las movilizaciones contra Boluarte –después del autogolpe del expresidente Pedro Castillo– ya dejan más de 60 personas muertas. De esa cifra, 46 han fallecido con la policía y un uniformado murió tras ser quemado vivo por manifestantes.
