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Una serie de medidas del gobierno británico para controlar la inmigración de ciudadanos europeos al Reino Unido abrió una tronera de discusiones en Europa, pues contemplan la expulsión de aquellos europeos que lleven seis meses en los países del Reino sin trabajar y vivir mínimo cuatro años en el país para beneficiarse de los subsidios estatales.
El plan, propuesto por el primer ministro británico, David Cameron, es interpretado como una respuesta presionada por el aumento de la inmigración al Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda), que creció un 43 % en los últimos dos años, lo que afecta servicios en escuelas y los hospitales. Aunque Cameron reconoció que se trata de medidas “radicales”, las consideró “razonables” y “justas” por la fuerte presión para atender las necesidades de la población.
Además de obligar a los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea a volver a sus naciones si no encuentran trabajo en seis meses, se busca acelerar la deportación de los condenados por delitos y extender el periodo de expulsión de aquellas personas que fueron deportadas por delitos relacionados con la mendicidad y el fraude.
Según EFE, Cameron planteó que se pretende “prohibir la entrada de inmigrantes de países recién adheridos a la UE hasta que sus economías se equiparen” con las del resto de miembros comunitarios.
Otras medidas impopulares son la vigilancia de los llamados matrimonios de conveniencia, limitación al ingreso de familiares y obligar a los propietarios de inmuebles a que verifiquen la condición de inmigración de sus inquilinos.
Un argumento del Gobierno es la diferencia entre los ciudadanos que llegan y los que se marchan que fue de 260.000 personas entre junio de 2013 y de 2014, frente a los 182.000 inmigrantes registrados entre 2012 y 2013.
La polémica surge por el principio de libertad de movimiento de los ciudadanos de los países de la UE., que data de 1985. Pero, según Cameron, “la población del Reino Unido exige controles” y anunció que “renegociará los vínculos con la UE antes de implementar un referendo sobre la permanencia del país en el bloque en el 2017.
El líder de la oposición laborista, Ed Miliband, acusó al primer ministro de “no tener credibilidad” en materia de inmigración y de haber “roto” las promesas de recortar el número de extranjeros.
Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión Europea respondió que las medidas del gobierno británico “tendrán que ser examinadas sin dramatizar y deberían ser discutidas con calma y cuidado”.