Tras una reforma constitucional aprobada por el oficialismo de izquierda y criticada por la oposición y varios sectores, México elegirá por primera vez a sus jueces y magistrados a través de elecciones populares, un ejercicio único en el mundo que será este 1 de junio.
No obstante, Gerardo Fernández Noroña, legislador del partido oficialista Morena, llamó a las autoridades electorales a cancelar las aspiraciones de algunos candidatos porque “no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.
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“Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar”, dijo Fernández Noroña. No mencionó nombres o números, pero subrayó que “no son muchos” y que el hallazgo no pone en riesgo los comicios en los que se eligen 881 cargos judiciales federales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte, y 1.749 locales.
Uno de los nombres de los que señalan es el de Silvia Rocío Delgado, una exabogada del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que aspira a ser jueza penal en Chihuahua. Su participación en este proceso ha sido criticada por algunos aspirantes, quienes cuestionan su labor en formar parte del equipo legal de Guzmán entre 2016 y 2017, un poco antes de que él fuera extraditado a Estados Unidos.
