Un revolcón político terminó de convulsionar este miércoles a Perú. La crisis que venía cocinándose en el país desencadenó en la destitución y posterior detención del que hasta hoy fue el presidente de la nación, Pedro Castillo. Aunque lo había negado hace cuatro días, Castillo ordenó disolver el Congreso, en un intento por amasar el poder, pero la jugada terminó, en un efecto búmeran, devolviéndose en su contra. El Congreso en pleno votó para sacarlo del poder y, cuando parecía que buscaba escapatoria tras salir por la puerta de atrás de la sede de gobierno, la policía lo detuvo.
“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, había dicho Castillo en un discurso que fue retransmitido por televisión.
Las pretensiones de Castillo apuntaban a congregar el poder absoluto de la nación, para lo que anunció que desde hoy y hasta que se consolidara un nuevo Parlamento se gobernaría mediante decretos de ley y ordenó la reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Pero todo le salió al revés. El Congreso lo destituyó y en su lugar tomó juramento como presidenta la que hasta hoy fue vicepresidenta de los peruanos, Dina Boluarte.
“El golpe de Estado”, como ha sido considerada la jugada de Castillo, nació muerto. Sin apoyo en las calles y mucho menos el respaldo de las fuerzas militares, el expresidente vio naufragar en menos de una hora la misión que emprendió al estilo de un dictador. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional de Perú reaccionaron de inmediato y aseguraron que no acatarían ningún acto contrario al orden constitucional. “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú“, señaló el CCFFAA en un comunicado.
