En un masivo movimiento de protesta, miles de personas han salido a las calles en las principales ciudades de Brasil para manifestarse en contra de un controvertido proyecto de ley que podría cambiar radicalmente las políticas de aborto en el país. Este proyecto, que equipara el aborto a partir de la semana 22 de gestación con el homicidio, propone penas de entre seis y veinte años de prisión, incluso en casos de violación.
Las manifestaciones se han concentrado principalmente en São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, tres de las principales ciudades del país. Los participantes argumentan que la aprobación de esta ley pondría en peligro la vida de miles de mujeres y niñas en Brasil, “erosionando los derechos ya establecidos en la legislación actual”. Según la agencia brasileña EBC, los manifestantes han subrayado que las mujeres, cuyo número de víctimas de la violencia sexual en el país es bastante elevado, serían las más afectadas por esta normativa.
Actualmente, la ley brasileña permite la interrupción del embarazo en casos de violación, riesgo para la vida de la madre y malformaciones graves del feto, sin importar la semana de gestación. Fuera de estos casos, el aborto está penado con entre uno y tres años de cárcel. La nueva propuesta, sin embargo, categoriza el aborto después de las 22 semanas como homicidio en cualquier circunstancia, incluso si el embarazo es resultado de una violación.
El proceso legislativo ha avanzado rápidamente. La Cámara de Diputados aprobó la tramitación urgente del proyecto, lo que permite que el texto sea votado directamente en el pleno sin pasar por las comisiones. Esta decisión ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
En un contexto de creciente tensión, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendió el pasado mayo una resolución del Consejo Federal de Medicina que prohibía la asistolia fetal, una práctica utilizada para abortos a partir de las 22 semanas en casos de violación.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente de gira por Europa, ha prometido abordar el tema a su regreso al país. Mientras tanto, la primera dama Rosangela da Silva ha expresado su indignación ante la propuesta, acusando a sus propulsores de atacar la dignidad de mujeres y niñas.
“Es preocupante, como sociedad, la tramitación de este proyecto sin el debido debate en las comisiones de la Cámara”, declaró la primera dama del país, resaltando la contradicción de que una mujer abusada, pueda enfrentarse a una pena mayor que la de su agresor. La pena máxima por violación es de diez años, mientras que por homicidio simple puede alcanzar hasta veinte años.
Da Silva calificó la propuesta de absurda y un retroceso en los derechos de las mujeres, quienes han luchado arduamente por su reconocimiento. “Cada ocho minutos, una mujer es violada en Brasil. El Congreso debería trabajar para garantizar condiciones y agilizar el acceso al aborto de manera legal y segura”, concluyó.
El debate sobre este proyecto de ley ha generado una ola de indignación y preocupación en Brasil, destacando las profundas divisiones y la urgencia de un diálogo inclusivo y respetuoso sobre los derechos reproductivos y la protección de las mujeres en el país.
