En cada rincón de América Latina donde la extracción y comercio de oro se realizan de manera ilegal, hay algo en común: todas las formas del crimen se juntan ahí, desde los delitos ambientales, la trata de personas y el lavado de dinero, hasta la corrupción, el desplazamiento forzado y la intervención de grupos ilegales.
A esa conclusión llegó Livia Wagner, investigadora de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI), que entre febrero y diciembre de 2015 exploró las realidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Venezuela con el fin de encontrar los vínculos entre crimen organizado y minería ilegal de oro, así como para explicar cómo este nexo perverso abona el terreno para cometer otras irregularidades.
Lo primero que revela el informe es que las sumas en juego son sorprendentes. Según indagó el GI en Perú, 35 toneladas de oro de contrabando, que costaban más de 1.000 millones de dólares, fueron trasladadas desde puertos limeños hacia Estados Unidos y Suiza, solo entre febrero y octubre de 2014.
Mientras tanto, en Colombia, la investigadora pudo confirmar que 44 redes criminales están envueltas en la minería ilegal, que muchas de las minas ilegales de Ecuador están controladas por las Farc y que su presencia alrededor ha elevado las cifras de homicidio.
La situación se agrava en Brasil y México. En el primero, el número de mineros irregulares asciende a 75.000, solo en la Amazonia, mientras en el segundo el crimen organizado “controla el derecho a hacer minería” en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas.
Ximena González, de la ONG Tierra Digna, dice que ya hay mucho escrito sobre la posibilidad de que algunos entables de minería ilegal estén asociados a grupos ilegales. Sin embargo, apunta, “ese análisis hay que superarlo y entender cuáles son los otros puntos que encadenan esa red ilegal y mafiosa”.
Por ejemplo, la experta dice que hay una omisión en el control de la salida del oro. “Una vez se saca del Chocó, entra a compraventas en Medellín que tienen línea de exportación en Estados Unidos y Suiza, sin vigilancia y sin aclarar cuáles fueron sus puntos de conexión con la cadena mafiosa”, cuenta, y agrega que tampoco hay registro de qué pasa con el mercurio que ingresa a Colombia con permisos.
