Es una decisión de blanco y negro. 15 millones de personas van a las urnas este domingo en Chile en un plebiscito para definir entre el “Apruebo” y el “Rechazo” al proyecto de Constitución que escribió la Convención Constituyente, un órgano paritario y con mayoría de integrantes de izquierda e independientes con el pretenden pasar la página de la carta magna que dejó la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La cita es de participación obligatoria y la decisión es de inmediato cumplimiento. Si para las 5:30 de la tarde de esta jornada (hora de Colombia) el resultado muestra que los chilenos y chilenas han votado por el “Apruebo”, el nuevo texto tendría que aplicarse de manera expedita. Si eligen el “Rechazo”, el presidente Gabriel Boric podría convocar a un nuevo proceso Constituyente que necesitará el visto bueno de un Congreso de derecha en el que él carece de apoyo.
Las encuestas apuntan que el “Rechazo” ganaría por una ventaja de hasta diez puntos, pero los últimos sondeos que se publicaron tienen datos viejos que fueron recabados dos semanas atrás. Incluso, en los últimos días se registraron varias señales de apoyo al proceso, como la manifestación de 500.000 personas en Santiago. Entre los números de los sondeos y el apoyo que se mostró en las calles la resolución del plebiscito de este domingo está abierta.
El ruido por el respaldo de Gabriel Boric a la Constituyente, las críticas de la derecha por el supuesto carácter “indigenista” del texto y una campaña protagonizada por las noticias falsas marcan el voto en las urnas.
La Chile de la Constitución
El proyecto consta de 178 páginas entre las que se plasman eventuales cambios como permitir la reelección presidencial consecutiva, y otros que significarían un estado más protector como los derechos garantizados mediante la financiación estatal a la educación, la salud y al agua.
Es más: crea un sistema de seguridad público dejando a un lado el modelo de privatización de las pensiones que comenzó en Chile y fue copiado por el resto de países latinoamericanos. Ese punto explica el por qué los gobiernos de la región tienen la mirada puesta sobre el proceso.
Su aprobación llevaría a la implementación del concepto de democracia inclusiva y paritaria, lo que haría que las mujeres ocupen el 50% de los cargos en todas las entidades del estado. El documento también reconoce a Chile como un estado plurinacional con diversidad de comunidades indígenas, para las plantea la creación de instancias judiciales especiales, según sus creencias, y haría que estas deban ser consultados para las decisiones que los involucren.
Mientras que la Constitución actual protege la vida de las personas que están por nacer, lo que llevó a que la interrupción del embarazo fuera permitida solo hasta 2017 y únicamente en tres causales, el documento actual reconoce el derecho al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
En lo político, el proyecto también modificaría la estructura del legislativo. El Congreso actual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados y ambas instancias tienen la capacidad de tramitar leyes. En cambio, el proyecto crea un Congreso de Diputados y Diputadas y una Cámara de las Regiones, la primera tramitará las leyes y la segunda se enfocaría en las cuestiones más locales.
