Uno de los esfuerzos más publicitados de Panamá para limpiar su aporreada imagen tras la filtración masiva de documentos de un bufete privado panameño que evidenció miles de empresas “offshore” e involucró a medio mundo, dio un giro inesperado y dejó al país, otra vez, mal parado.
En abril pasado el Gobierno panameño presentaba con bombos y platillos un comité independiente integrado por siete expertos y liderado por el premio nobel de economía 2001 Joseph Stiglitz, para diagnosticar el neurálgico sistema financiero del país y detectar vulnerabilidades a fin de aplicar correcciones.
Flanqueado por parte de su gabinete el presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que instalar la comisión era un paso que reafirmaba el compromiso de su país “con la transparencia y el fortalecimiento” de la “plataforma de servicios logísticos y financieros, a fin de evitar que esta puede ser utilizada para actividades ilícitas”.
Pero más de cuatro meses después y tras un silencio informativo casi total, Stiglitz sorprendió a propios y extraños y la semana pasada hizo pública su renuncia, acusando al Gobierno de censurar los informes del grupo.
“No tiene sentido tener un comité sobre transparencia que no es transparente”, declaró el sábado pasado a Efe el profesor de la Universidad de Columbia (EE.UU.) y remató: “no será posible para Panamá seguir siendo un centro financiero, a menos que se vuelva transparente”.
La decepción y asombro en el país centroamericano, puntero en crecimiento económico en la región en los últimos años, ha sido más que evidente.
Sobran las opiniones a favor y en contra del laureado teórico de la economía, así como las voces que exigen al Gobierno de Juan Carlos Varela hacer públicos y sin cortapisas los informes del comité.
Los reproches no son solo para el teórico de la economía, muy crítico del libre mercado y de organismos como Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre por qué esperó hasta ahora para quejarse de una condición que está estipulada en el decreto que creó el comité, como es que el Ejecutivo tenía la potestad sobre la información que generara.
También se cuestiona por qué alguien con el perfil de Stiglitz fue elegido por el Gobierno de un país cuyo aparato económico se fundamenta en las leyes del libre mercado.
Más allá de si Stiglitz tiene razón, de si actuó con buena o mala intención, de si el informe final que entregue el grupo de trabajo, probablemente el próximo septiembre, tenga credibilidad, o el Gobierno lo publique íntegro o censurado, la cuestión está en que el mal para la imagen de Panamá está hecho.
El episodio con Stiglitz, que renunció al grupo de trabajo junto al experto suizo Mark Pieth, “por supuesto que es negativo” y afecta “la credibilidad a nivel internacional”, reconoció este lunes otro miembro del comité, el exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán, que sin embargo tildó de “injustas” las afirmaciones del premio nobel.
Los dichos de Stiglitz y Pieth “hacen más daño” a Panamá que el robo de información a Mossack Fonseca, porque “es más grave” que se le diga al mundo que “no ha encontrado en los panameños transparencia”, opinó por su lado este mismo lunes el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez.
“Panamá NO necesita que la asesoren socialistas! Necesitamos urg. asesoría de personas qué nos ayuden a impulsar nuestras ventajas competitivas!”, publicó en su cuenta de Twitter Ramón Fonseca, el polémico socio del bufete Mossack Fonseca y quien fuera consejero del presidente Varela hasta marzo pasado.
La exministra panameña de Comercio e integrante del comité de expertos, Gisela Álvarez, aseguraba este lunes que Panamá “por primera vez” se había planteado y acometía “un análisis y un debate” sobre la viabilidad de su sistema financiero, y que quitarle mérito a ese esfuerzo por el episodio con Stiglitz sería “cerrarle la oportunidad a los reales cambios”.
“El daño mediático ciertamente es un hecho pero a Panamá, como país, lo que le corresponde es actuar frente a los organismos internacionales modificando la normativa y la legislación para adecuarse o no a los estándares internacionales”, sostuvo la exministra ante corresponsales extranjeros.
