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Haití, un polvorín que amenaza con explotar
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Decenas de personas en la embajada de EE.UU. esperando un visado. FOTO AFP
12 de julio de 2021
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El primer partido por el grupo B de la Copa de Oro enfrentó a Haití con Estados Unidos este domingo. Se llevó a cabo en el Children’s Mercy Park del Sporting Kansas City, a poco más de tres mil kilómetros del territorio haitiano, desde donde un día antes del partido el gobierno pedía presencia militar estadounidense.
“Durante una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos y la ONU hicimos esta solicitud”, confirmó a la AFP el ministro de elecciones haitiano, Mathias Pierre. La última vez que las tropas estadounidenses desembarcaron en Haití no se fueron hasta transcurridos 19 años, entre 1915 y 1934. También en esa ocasión el presidente había sido asesinado.
Cuatro días han transcurrido desde que un grupo de hombres mató a tiros a Jovenel Moise. La vida en Puerto Príncipe va regresando a la normalidad, señalan los corresponsales internacionales. La única normalidad posible en medio de un caos ya instalado en el único país de América que no ha recibido una sola vacuna contra el coronavirus. Las horas pasan mientras se va instalando, poco a poco, un vacío de poder. O lo que es peor, el exceso de quienes desean poder.
Crisis institucional
Dos días antes de morir, Moise había ordenado un importante cambio en su gabinete. Haití es una república semi-presidencialista en la que el presidente, elegido cada cinco años, es el jefe de gobierno y elige a su Primer Ministro, encargado de liderar la política interna. En el momento en el que Moise fuera asesinado, Claude Joseph ocupaba ese importante lugar, a la espera de que Ariel Henry, el recién designado, fuera posesionado. Algo que no ocurrió.
“De acuerdo a la Constitución, en sus artículos 148 y 149, cuando se da un vacío presidencial, por la razón que sea, el primer ministro, junto con el Consejo de Ministros, debe asumir el mando hasta la realización de las elecciones”, señala Edwin Paraison, excónsul de Haití en República Dominicana, “pero, hay que subrayar, el proceso electoral, tal como estaba en preparación, había sido rechazado por la oposición, que decía que no había condiciones para ir a las elecciones. No sabemos realmente en qué momento vamos a tener esas elecciones”.
Rápidamente, Joseph asumió el poder. Declaró Estado de Sitio por 15 días, una figura que le da mayor capacidad de acción. Tal vez por temor a una lucha por el mando que desbordara al país, la comunidad internacional lo aceptó y legitimó. Un día después del magnicidio, la enviada especial de la ONU al país, Helen La Lime, señaló en una conferencia de prensa que Joseph “es el primer ministro”, aunque admitió que hay “ciertas tensiones” en torno a diversas interpretaciones de la Constitución.
Sucede que el magnicidio llegó justo cuando Moise buscaba un acercamiento con la oposición, que lideraba masivas protestas contra el gobierno desde 2019. Ariel Henry había sido designado para la formación de un nuevo gabinete que le abriera la puerta a una participación más amplia de la oposición y que permitiera una pacificación del país en términos políticos. Ese sector, a la espera de mayor protagonismo en el liderato de Haití, tacha hoy a Joseph de ilegítimo y se ha propuesto nombrar a un tercer presidente encargado.
Es posible que una salida institucional a la crisis fuera más probable, si hubiera tal institucionalidad. Al momento de ser asesinado, Moise gobernaba por decreto en Haití. El aplazamiento de las elecciones legislativas que ordenó en 2019, en las que se debía elegir la totalidad de los diputados y dos tercios del Senado, provocó que en enero de 2020, y ante el fin del período de la mayoría del Congreso, este tuviera que cerrar en ausencia de nuevos legisladores.
Solo un grupillo de 10 representantes nacionales mantiene en vigencia sus funciones. Y fueron ocho de ellos los que firmaron la noche del pasado viernes una resolución ofreciendo al presidente del Senado, Joseph Lambert, el cargo de presidente provisional de la República. La resolución aprobada establece que Lambert debe prestar juramento en la Asamblea Nacional y asumir sus funciones en el Palacio Nacional. Pero a la cita de su investidura, este sábado, solo llegaron dos de los congresistas, incluido el propio Lambert.
“Los senadores han decidido aplazar la toma de posesión prevista para esta tarde. Todos quieren estar presentes para participar activamente en la nominación. Hay una necesidad urgente de reconstruir la esperanza en nuestro país”, escribió Lambert en Twitter. La esperanza es eso que no ha habido en Haití hace décadas. Mientras él, Henry y Joseph se disputan el poder, Haití vive la consolidación de “la peor crisis humanitaria de los últimos años”
Así lo ha señalado Unicef. Las bandas criminales han provocado el desplazamiento intraurbano de por lo menos 15.000 personas en Puerto Príncipe; el 46 % de la población total está en situación de inseguridad alimentaria; y 1 de cada 3 niños, según la agencia internacional, necesita ayuda humanitaria debido a la violencia y la pandemia. Si el poder ejecutivo y legislativo afrontan inestabilidad, el poder judicial ni siquiera existe en propiedad.
Moise tampoco reemplazó a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura del país, cuya mayoría ya había terminado su mandato de tres años. El juez presidente había muerto en junio pasado de covid. A la ausencia de cualquier tipo de institucionalidad fuerte, se agrega la incertidumbre del papel que puede jugar hacia el futuro la primera dama, Martine Moise, quien si bien resultó herida de gravedad en el ataque contra su esposo, se recupera en Miami.
En su primer pronunciamiento público, difundido en sus redes sociales este sábado, Martine Moise prometió que no abandonaría al pueblo haitiano y dio detalles sobre las últimas horas de su esposo. “En un abrir y cerrar de ojos los mercenarios entraron en mi casa y acribillaron a mi marido a balazos... sin darle siquiera la oportunidad de decir una palabra”, señaló, antes de agregar que el magnicidio había sido ordenado por personas disgustadas con los planes de su esposo de proporcionar “carreteras, agua y electricidad, un referéndum y elecciones para finales de año”.
Muchos enemigos
Jovenel Moise asumió el poder en 2016 con la promesa de impulsar la economía más pobre de América. Con el paso de los años la situación política se deterioró y su legitimidad fue puesta en duda por tantos sectores que, tras su muerte, las preguntas sobre quién pudo ordenar su asesinato nadan en la incertidumbre de muchas respuestas posibles.
Una amplia gama de sectores políticos en el país señalaban un giro autoritario de su gobierno, tras la disolución del Parlamento y su intención de cambiar la Constitución a través de un referéndum (que la propia Constitución prohíbe) para eliminar una de las cámaras del Congreso y el cargo de Primer Ministro, creando el de vicepresidente. Según el propio Moise dijo en vida, la élite tampoco lo quería.
A inicios de 2021 denunció la amenaza de un golpe de Estado contra él, organizado por “un pequeño grupo de oligarcas que quiere apoderarse del país”. Su enemistad con la poderosa familia haitiana Vorbe es ampliamente conocida. Tanto, que un fiscal de Puerto Príncipe citó a Dimitri Vorbe a declarar este lunes, por el asesinato del presidente. Vorbe es el dueño de la empresa que controlaba el sector eléctrico y a quien Moise, entre otros, señaló de financiar las protestas en su contra.
El gobierno de Moise había apartado del negocio eléctrico del país a la compañía de Vorbe, exigiendo el pago de más de 100 millones de dólares por supuesto fraude al Estado. Poco después de esa decisión, se hizo pública una investigación de la Corte Superior de Cuentas de Haití en la que se salpicaba al presidente de supuesta corrupción alrededor del programa PetroCaribe, una iniciativa liderada por Venezuela en la que el país sudamericano suministra petróleo a los centroamericanos a precios bajos. El documento señaló el mal uso de 2.000 millones de dólares.
“El apoyo popular al presidente era mínimo. Y una de las razones de esa desconfianza eran los señalamientos de corrupción de los que era objeto”, explica Miguel Gomis, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. La publicación de ese informe, que en vida Moise negó y atribuyó a presiones de Vorbe, sumió en la inestabilidad a su Gobierno.
“Moise tomó decisiones en contra de algunos intereses de la élite más tradicional”, señala Gomis, “eso es algo que se ve últimamente, el nuevo empresario que se enfrenta a las oligarquías más tradicionales. La que tienen más capacidad para estabilizar al país es la oligarquía tradicional”; una estabilidad que no solo conviene a Haití, también a la comunidad internacional.
“Uno de los temas que preocupa a los actores internacionales es que Haití es un punto intermedio de las rutas de narcotráfico”, señala Gomis, y agrega: “Además del apoyo al desarrollo, hay factores esenciales en la injerencia de la comunidad internacional en Haití, como las rutas de narcotráfico o la inmigración irregular”. De hecho, mientras Puerto Príncipe retorna a la normalidad, decenas de haitianos llegaron a la embajada de EE.UU. buscando un visado para abandonar el país.
Ante la petición de asistencia militar, Estados Unidos ha optado por el silencio. Se ha unido a la voz de la ONU y del resto de la comunidad internacional que pide que las elecciones citadas para septiembre próximo se realicen. Lo que pocos apuntan a señalar es el camino para llevarlas a cabo, en un país que sigue bordeando el abismo.
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