Ingrid Vanessa Gonzalez,. exsecretaria de Gestión Humana; y Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad, quienes serían imputadas hoy. FOTOS CORTESÍA
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Aplazaron la audiencia para imputar a las dos exfuncionarias que faltaban del Caso Aguas Vivas
La audiencia en contra de Ingrid Vanessa Gonzalez y Yina Marcela Pedroza estaba programada para las 3:30 p.m. de este miércoles.
Luego de la imputación de cargos finalizada el pasado 22 de abril contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y diez personas más por el negociado alrededor del megalote Aguas Vivas, una nueva audiencia estaba citadas para este miércoles en la tarde con el fin de seguir el mismo procedimiento contra dos funcionarias de la anterior administración que estarían implicadas en hechos de corrupción alrededor de ese tema.
Las señaladas son la exsecretaria de Gestión Humana, Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, y la exsubsecretaria legal de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez.
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Hay que recordar que en la primera audiencia de imputación por este caso, donde se citó al exalcalde Daniel Quintero y a otros 12 exfuncionarios y particulares -luego de varios aplazamientos- la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción, Yarlecy Mena, tuvo que renunciar a imputar a Ingrid Vanessa González Montoya y a Yina Marcela Pedroza Gómez, quienes inicialmente habían sido relacionadas por la Fiscalía en el caso, porque su abogado tenía otros compromisos ese día.
Pues bien, el nuevo compromiso, que estaba citado para las 3:30 p.m. de este miércoles 30 de abril, quedó otra vez aplazado y la próxima cita será el 13 de mayo a las 10:00 a.m.
La razón del nuevo aplazamiento es todavía desconocida. Incluso, desde la Alcaldía de Medellín, reconocida como víctima en este proceso, aseguraron que no estaban notificados del cambio y que se enteraron por medio de EL COLOMBIANO.
No obstante, una fuente cercana al caso explicó que es altamente probable que el aplazamiento haya sido por fallas en la notificación, pues incluso en la mañana de este miércoles, a varias de las partes comprometidas en este proceso no les habían llegado correos haciendo la citación.
Habrá que esperar entonces hasta el 13 de mayo para que la fiscal explique cuál habría sido la participación de estas dos últimas exfuncionarias en ese asunto.
En la primera ronda, que se llevó tres sesiones que duraron casi 15 horas ante el juez 50 Penal Municipal de Garantías, Quintero fue imputado por los delitos de presunto prevaricato y peculado por apropiación en favor de terceros, lo mismo que su exsecretario General, Fabio Andrés García. Así mismo, contra los exsecretarios Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Arango y Leidy Jiménez pesan cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos.
Y además, según la Fiscalía, José Fernando Rueda, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno, representante legal de IDC Inversiones; y el particular Juan Manuel Villegas, habrían cometido peculado por apropiación.
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Por su parte, González y Pedroza habrían participado en algunas partes de la operación cuestionada por la Fiscalía en la cual se cambiaron las condiciones de entrega de la finca Aguas Vivas.
Esta inicialmente le fue traspasada sin costo a la Alcaldía, en diciembre de 2019, para cumplir con obligaciones urbanísticas, pero luego, en la administración Quintero, se intentó que del erario se pagaran más de $40.000 millones a IDC, Técnicas Constructivas y Villegas; posteriormente devolvieron el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal. En una segunda parte de la jugada, Quintero y García firmaron un decreto en mayo de 2023 que valorizaba el lote porque le quitaba restricciones para la construcción en altura y le permitía mayor densidad de ocupación.
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Después de la imputación viene una etapa en la que la Fiscalía tiene 120 días para trasladar el escrito de acusación a los distintos abogados de los presuntos implicados, incluyendo las pruebas que posee. El plazo obedece a que son más de tres personas comprometidas. Entonces, el juez debe citar a la audiencia de formulación de acusación, donde se pone en común el acervo probatorio y los acusados pueden pedir aclaraciones, solicitar nulidades o recusar al juez. Acá nuevamente les preguntan si se allanan a los cargos. El paso siguiente es la audiencia preparatoria del juicio, que debe ser 60 días después de la acusación.
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Es importante recordar que en este momento hay pendiente por resolver una apelación a la decisión del juez de primera instancia de aceptar a la Alcaldía de Medellín como víctima en este proceso.
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