La vida en el barrio La Quiebra, ubicado en uno de los límites de Medellín en la comuna 13, siempre ha estado cuesta arriba.
Al régimen de terror que han impuesto las bandas (pacificadas temporalmente), a la paupérrima infraestructura y los altos índices de pobreza se le sumó desde hace casi un año el desplazamiento de 460 estudiantes tras el cierre de la sede de primaria de la Institución Educativa Stella Vélez Londoño que desde entonces estudian –o simulan estudiar para ser precisos– en el salón de la iglesia Santa Ana y en la junta de acción comunal.
La insólita situación comenzó en agosto de 2022, cuando en medio de las lluvias una cancha vecina colapsó y el movimiento en masa terminó llevándose un muro de la escuela. El diagnóstico que entregó el Dagrd fue que la institución debía ser desalojada por amenaza de colapso.
Ante el riesgo de que los 460 niños quedaran desescolarizados, los líderes del barrio y la parroquia Santa Ana, en cabeza del padre Óscar Colorado, alzaron la mano y ofrecieron la junta de acción comunal y el salón parroquial como solución provisional. De todos modos se trataba de algo temporal, eso les aseguró la Alcaldía, según relata el padre.
De hecho, la Alcaldía se comprometió a garantizar una compensación por los costos adicionales en los que tendrían que incurrir al albergar a alumnos y docentes. Pero la supuesta situación temporal se convirtió en un año de suplicio para estudiantes y familias y la ayuda nunca llegó.
Según cuenta el padre Colorado, el Distrito puso a funcionar la burocracia para poner trabas en el trámite y luego delegó la responsabilidad a la parroquia, que no pudo firmar directamente el acuerdo y le tocó acudir a la Arquidiócesis para que se encargara. El asunto es que la JAC tampoco recibió noticias de la Alcaldía para hacerse cargo del pago de los servicios públicos.
La parroquia y la JAC están cargando hoy con el aumento en los servicios públicos y, sobre todo, con el peso de tratar de ofrecer condiciones dignas para los estudiantes en un espacio que no se hizo para ello, mientras la comunidad denuncia silencio absoluto por parte de la Alcaldía.
La incertidumbre la valida el propio rector Pedro Mena, quien relata que desde hace un año lo único que les ha dicho la Alcaldía es que están adelantando estudios geotécnicos. “Ellos mismos reconocen que no tienen fechas ni plazos”, dice.
Los que están llevando del arrume ante la inacción son los estudiantes de primaria que padecen desde el año pasado jornadas escolares de apenas 2 horas y media y la imposibilidad de recrearse y socializar, pues todo el día se lo pasan en romería en la iglesia y la acción comunal. Tan pronto sale un grupo entra el otro. “La afectación académica y formativa es del 100 por ciento”, sentencia el rector.
Según señala Ana Úsuga, mamá de una estudiante de segundo grado, los alumnos terminaron prolongando la pesadilla que fue la pandemia, pues a esos dos años semi-perdidos le sumaron otro más por cuenta de los problemas estructurales de la sede. Dice la madre que los profesores han hecho esfuerzos tremendos para garantizar el servicio educativo, pero es insuficiente.
Aunque los profes han trabajado de la mano de las familias para intentar reponer en casa el tiempo de estudio perdido, la realidad socioeconómica de la mayoría de las familias no aguanta ese ritmo. “En la mayoría de las casas no se pueden dar el lujo de que la mamá se quede acompañando a los niños”, replica.
Las consecuencias para muchos estudiantes han sido demoledoras. Entre la pandemia y el cierre del colegio, la hija de Ana, por ejemplo, no sabe lo que es estudiar y socializar en un ambiente normal y ya va para la mitad de la primaria.
Ya hay deserción y ausentismo y aunque están en vacaciones, las expectativas una vez regresen no son alentadoras. Cuenta Ana que la JAC dice estar hasta el cuello de asumir el pago de los servicios públicos y que solo gracias a la buena relación que ha tenido la institución educativa con la comunidad ha sido posible que no decidan sacar a los niños de la sede, pero esto no está garantizado tras las vacaciones si la Alcaldía no asume su responsabilidad.
La situación de esta comunidad es ejemplo palpable del panorama de la educación en Medellín durante los últimos años. El pasado 18 de junio EL COLOMBIANO publicó un informe que evidencia que de las 19 instituciones educativas a las que se comprometió el alcalde Daniel Quintero en el Plan de Desarrollo 13 quedaron en el limbo. Esto sin contar el poco avance reflejado en el megaplan de intervención de infraestructura para 398 colegios y para lo cual pidió $319.000 millones de vigencias futuras al Concejo. Eso fue hace 10 meses y apenas una decena de colegios reporta inicios de obras. Consultada sobre el tema, la Secretaría de Educación no alcanzó a entregar su posición al cierre de la nota impresa.
Actualización.
El jueves 22 de junio la Alcaldía respondió lo siguiente al requerimiento:
1. ¿Por qué no se ha solucionado la situación en el colegio Stella Vélez Londoño, en el barrio La Quiebra, donde sus estudiantes siguen desplazados en una iglesia y la junta de acción comunal por daños en su sede?
R/. Porque las laderas de la sección escuela Stella Vélez Londoño presentan inestabilidad lo que representa un alto riesgo de remoción en masa, situación identificada por el DAGRD. Actualmente se adelantan los estudios geológicos, geotécnicos y de estabilidad para determinar las soluciones correspondientes.
Por eso para garantizar, la seguridad de esta comunidad educativa y la prestación del servicio respondiendo al principio de que la Educación es un derecho fundamental, la Secretaría de Educación actualmente tiene un contrato de comodato con la Junta de Acción Comunal y se encuentra pendiente del aporte de documentación por parte de la Arquidiócesis de Medellín para suscribir un contrato de arrendamiento del Salón parroquial.
Cabe destacar, que estas fueron las opciones elegidas por los padres de familia, luego de que se les presentaran diversas alternativas de espacio en otras instituciones educativas cercanas.
2. ¿Cuándo la intervendrán, con cuántos recursos y para cuándo podrán regresar a su propia sede educativa?
R/. A través del Plan de Intervención de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y que ejecuta la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, desde el 30 de marzo de 2023 se adelantan los estudios geológicos, geotécnicos y de estabilidad de ladera de la sección escuela Stella Vélez Lodoño, los cuales determinarán unas alternativas de estabilización del talud.
Posteriormente se evaluará el costo mediante la elaboración de diseños y elaboración y cálculo del presupuesto, para poder determinar el recurso que es necesario para dar solución y restablecer el servicio educativo en la sede. La etapa de estudios tiene proyectada su finalización para mediados del mes de agosto del presente año.
3. ¿Por qué no se ejecutó el contrato entre la alcaldía y la parroquia que albergó a parte de los estudiantes y que hoy asegura tener deudas por servicios públicos y demás a causa de la población escolar que acogió?
R/. El 15 de agosto de 2022 el representante de la iglesia radicó la carta de intención para celebrar el contrato de arrendamiento de inmueble aula con la Secretaría de Educación. Al efectuarse el análisis jurídico se encontró que este es propiedad de la Arquidiócesis de Medellín, quién determina que por medio de la inmobiliaria Probien, se debía efectuar la suscripción del contrato.
Tras las Secretaría de Educación realizar los múltiples requerimientos al departamento jurídico de Probien y los temas internos administrativos a efectos de que allegaran el contrato de administración del inmueble, a la fecha la inmobiliaria no lo ha hecho.
Por lo que se precisa que no es posible realizar pagos de ninguna naturaleza, si no existe contrato que los sustente.
