Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación , un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio al intendente de la Policía Nacional Yerson Niray Pinilla Pino y al subintendente de la misma institución Edwin Junior Herrera Ballesteros,como presuntos responsables del delito de concusión.
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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, el 26 de febrero de este año, en el centro de la capital antioqueño, los uniformados habrían interceptado a un hombre y una mujer se movilizaron en un vehículo de alta gama y les solicitaron la suma de $8.000.000, a cambio de no judicializarlos por utilizar el automotor que presentaba una orden de embargo expedida por un juez civil.
Ante la supuesta presión de los procesadores, las víctimas se dirigieron hasta un cajero cercano, siempre escoltados por los presuntos victimarios, a quienes les entregaron la suma de $5.600.000. Se evidencia además que, para dejarlos ir, al parecer, los policías les suministraron el número de una cuenta bancaria en la que debían consignar el dinero restante.
Según la denuncia, uno de los investigados les devolvió $30.000 por si tenían algún problema mecánico con el automotor.
Pinilla Pino y Herrera Ballesteros fueron capturados mediante orden judicial por servidores de la Policía Nacional y Durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos imputados.
Este caso se suma a otros que han tenido descenlaces similares en los últimos meses en la ciudad. Por ejemplo, en noviembre del año pasado otros dos patrulleros fueron enviados a casa por cárcel también por el delito de concusión en Medellín.
Se trata de José Yoiber Echeverri Villa y Diego Fernando Cordero, quienes según las investigaciones le estaban exigiendo la suma de $15.000.000 a una empresaria en Manrique a cambio de no judicializarla por el delito de homicidio culposo.
Atemorizada por la amenaza de un delito que no cometió, la mujer les pagó $8.000.000.
Otro caso parecido ocurrió el pasado mes de enero, cuando un juez envió a una cárcel a Jonatan Estiben Cárdenas Carrasquilla y el patrullero Deimis González Murillo, como presuntos responsables de exigirle dinero a un motociclista para no judicializarlo, por el supuesto delito de hurto.
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Los hechos investigados ocurrieron en una estación de gasolina del barrio Campo Valdés de Medellín (Antioquia), el 12 de septiembre de 2024, cuando los uniformados, al parecer, capturaron a un hombre, porque supuestamente se movilizaba en una motocicleta hurtada. Minutos después le habrían exigido $5.000.000 para dejarlo en libertad.
La investigación permitió establecer que la víctima consiguió un millón de pesos en efectivo, que les habría entregado a los uniformados.
Estos casos dan cuenta de que la justicia se estaría tomando seriamente las denuncias contra miembros de la fuerza pública, por lo que si usted es víctima de uno de estos delitos, lo ideal es denunciar.
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