Por primera vez en 15 años, el porcentaje de recursos que EPM transfiere anualmente a la Alcaldía para su presupuesto podría estar a las puertas de cambiar sus reglas de juego.
Pese a que durante los últimos años las finanzas de la compañía han estado al límite por cuenta de múltiples frentes —que van desde los problemas en Hidroituango, el prepago de una deuda al BID por 450 millones de dólares y la incursión de la entidad en negocios complicados, como Afinia y recientemente la Triple A en Barranquilla— la Alcaldía parece estar decidida a exprimir más de la cuenta a su activo más rentable.
En ese debate, el ‘caballito de batalla’ del alcalde Daniel Quintero es la negativa del Concejo de autorizarle iniciar el proceso de venta de las acciones de EPM en UNE el año pasado; un argumento que además ha venido siendo utilizado recientemente por varios de sus funcionarios y exfuncionarios para plantear que la ciudad “está quebrada”.
Ayer, por ejemplo, se conocieron declaraciones del subsecretario de Arte y Cultura, David Alexander Gómez, asegurando que por la no venta de UNE el presupuesto estaba congelado y hasta peligrarían los programas de estímulos.
En una narrativa que mezcla un deterioro en la valoración de esas acciones con los ingresos de EPM, el gobierno distrital ha acusado incluso a los diez concejales que se opusieron a esa enajenación de ser los responsables de un supuesto detrimento patrimonial.
“Millicom nos informó este año que UNE tuvo pérdidas por $450.000 millones en 2022 y el activo tuvo un deterioro patrimonial de $1 billón según el auditor externo por el vencimiento de la cláusula. Esto impacta las transferencias de la ciudad en más de $550.000 millones, de los cuales $330.000 estaban ya asignados a programas sociales”, planteó el alcalde el pasado 29 de marzo.
Pese a que partiendo de esa interpretación el exsecretario de Gobierno y hoy precandidato a la Gobernación Esteban Restrepo radicó una denuncia en la Procuraduría contra once concejales, dicha narrativa está llena de vacíos, imprecisiones y hasta afirmaciones falaces.
Para comprender las claves de la discusión hay que remontarse a 1997, cuando tras ser constituida como una empresa comercial e industrial del Estado, EPM fijó las reglas de juego para calcular el monto de transferencias a la Alcaldía de Medellín. Tal como quedó establecido en el acuerdo 69 de ese año, el Municipio definió que el monto máximo de este tipo de desembolsos no podía sobrepasar el 30% de las utilidades anuales de la compañía; monto que fue extendido el 23 de abril de 2007 cuando el entonces alcalde Sergio Fajardo y el gerente de EPM Juan Felipe Gaviria ampliaron ese techo al firmar el convenio marco de relaciones Municipio de Medellín - EPM.
Con base en esas dos normas, EPM empezó a girar anualmente tanto transferencias ordinarias como extraordinarias, que durante la última década y media se han mantenido en un porcentaje del 55% de sus utilidades; una cifra que, además, ha sido cuestionada por múltiples voces por reducirle el margen a la empresa para reinyectar sus ganancias en su plan de inversiones.
Bajo esos cálculos, tal como lo informó EPM a este diario en un derecho de petición, en el plan de negocios que su Junta Directiva aprobó desde el pasado 13 de diciembre ya auguraban una reducción de $208.000 millones, semanas antes de que el propio alcalde de Medellín sacara por decreto el presupuesto de 2023. Por tal motivo, es falso que la supuesta reducción de transferencias fuera algo que tomó por sorpresa al gobierno local en marzo, cuando apenas hizo el anuncio.
En cuanto a la venta de UNE, las declaraciones del alcalde también son contradictorias, sobre todo vistas a la luz del debate ocurrido el año pasado, que terminó en la negativa del Concejo.
En aquel momento, más allá de los $2,8 billones calculados por la Secretaría de Hacienda como posible entrada en caso de que Millicom quisiera comprar las acciones (no estaba obligada y ya controla la empresa), el punto más álgido del debate estaba en el uso de los recursos.
Mientras el alcalde Quintero aseguró en varios consejos de gobierno que los mismos serían usados para tapar huecos en vías, mantenimiento de quebradas y hasta contratos de alimentación, el gerente de EPM aseguró que serían reinvertidos en la compañía en un proyecto estratégico. Dicho choque de versiones fue el que dio al traste con un acuerdo en el que avanzaba EPM con la bancada del Centro Democrático, que alegando tener desconfianza del uso de esos recursos se bajó del proyecto.
No obstante, tal como se planteó durante esa discusión, el mecanismo expresado por la propia Alcaldía era que si el Concejo le daba luz verde para activar la cláusula de venta de las acciones (que vence en agosto de 2024), los recursos podrían empezar a entrar en 2023 y hasta 2024, por lo que no había margen para ser utilizados durante este periodo de gobierno.
Bajo esos tiempos, pese a lo afirmado insistentemente por Quintero, el deterioro en la valoración de UNE habría ocurrido de todas formas, con el agravante de que podría haberse atravesado al proceso de venta. Con una negativa de Millicom a comprar esas acciones, las mismas tendrían que haberse negociado en el mercado abierto. Con base en eso, las declaraciones del alcalde son engañosas.
Al margen de esa discusión, tampoco es claro todavía cuál es el mecanismo que planteará la Alcaldía para sacar de EPM más recursos de los permitidos por las normas vigentes. En pleno año de elecciones esta papa caliente deberá llegar a la comisión primera del Concejo, una instancia en donde, a pesar de preverse que la discusión podría empezar este mes, todavía no se conoce una sola letra del documento que presentaría el gobierno local.
