La Procuraduría Regional de Antioquia abrió una indagación preliminar para determinar las circunstancias en las que el Concejo de Medellín negó el proyecto de acuerdo con el que se buscaba vender la participación accionaria de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Une.
La decisión, conocida este fin de semana, se produce luego de que el pasado 12 de abril se radicara formalmente ante ese ente una denuncia por parte del exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, en la que señaló a 11 concejales de ocasionar un supuesto detrimento patrimonial al no otorgarle al gobierno distrital el poder de iniciar ese proceso de enajenación en 2022.
De acuerdo con los argumentos del recurso, dicho detrimento ascendería a los $300.000 millones, que supuestamente habría dejado de percibir EPM por cuenta de esa negativa.
Tal como lo registró El Colombiano en octubre de 2022, cabe recordar que la iniciativa con la que EPM quería vender sus acciones en UNE se hundió cinco veces consecutivas en el Concejo de Medellín, en medio de una acalorada serie de sesiones en las que tanto la Comisión Primera como la Plenaria expresaron múltiples reparos a la idea.
En aquellas discusiones, concejales tanto del bloque opositor como independientes, no solo plantearon ver ausencia de garantías en dicho proceso, sino que cuestionaron el manejo que la Alcaldía podría darle a los recursos, calculados entonces en cerca de $2,8 billones por la Secretaría de Hacienda.
Sobre el uso de los recursos la polémica se centró en que mientras el gerente de EPM aseguraba en el Concejo que los recursos serían desembolsados en inversiones estratégicas para esa compañía, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló en varios concejos de Gobierno que los recursos serían incorporados en otros gastos de la Alcaldía.
En la última sesión que se discutió el tema, realizada el 6 de octubre de 2022, la plenaria decidió negar una solicitud de reconsideración radicada por la Alcaldía, con una votación de 10 negativos contra 9 positivos.
Los concejales que dieron su voto negativo fueron Luis Carlos Hernández, Dora Saldarriaga, Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, Simón Pérez, Leticia Orrego, Claudia Ramírez, Sebastián López, Alfredo Ramos y Julio González.
Aunque según expresó Restrepo durante una rueda de prensa esta semana, en su denuncia se hablaría de 11 concejales (cuyas imágenes también han sido usadas por el exsecretario en vallas publicitarias regadas por la ciudad), el ente de control precisó que solo indagará a 10.
Este última decisión obedece a que uno de los corporados de la bancada del Centro Democrátivo, el concejal Carlos Ríos, se declaró impedido para participar de la deliberación, por tener un hermano trabajando al interior de Une.
Frente al supuesto detrimento de $300.000 millones consignado por Restrepo en su denuncia, el ente también revisará si aquella cifra tendría asidero.
Cabe recordar que en las sesiones que se realizaron en el Concejo de 2022, varios de los concejales que se opusieron a la enajenación plantearon entonces que, aunque se diera luz verde para activar la cláusula que permitiría iniciar la venta (cuyo vencimiento está fijado para 2024), dicho paso no garantizaba que las acciones fueran compradas por Millicom en esos términos.
Bajo esa lógica, en caso de que Millicom no aceptara la compra y las acciones se vendieran abiertamente en el mercado, varios corporados advirtieron que no había garantía de que se cumplieran las expectativas de ingresos del gobierno distrital.
Según establece la Procuraduría en su Guía Disciplinaria, una indagación preliminar es la etapa inicial de un proceso en el que se busca “absolver las dudas que se puedan presentar antes de iniciar la investigación disciplinaria”.
Dicho paso se traduce en que el ente de control revisará la denuncia radicada por Restrepo y verificará si la misma está amparada en hechos y normas que den cuenta de una falta disciplinaria.
Solo después de ese estudio inicial, el ente determinará si el caso ameritaría la apertura de un trámite disciplinario o es desestimado.
