En Medellín hay casi que un escándalo de presunta corrupción cada semana. El de la semana pasada, por ejemplo, tuvo que ver con unos supuestos contratos corbatas en Telemedellín: gente que tiene un contrato y a la que le pagan pero no por trabajar sino por algún favor político. Antes de eso fue el presunto cartel de la contratación en Metroparques, el de la caja menor del exalcalde Quintero, el de los contratos de alimentación y aseo en el Hospital General, el de Buen Comienzo, el de la chatarrización, el del carro oficial que le hacía las vueltas personales a Esteban Restrepo, el de los contratistas del Dagrd donde están los amigos de Álex Flórez y, de ahí, un largo etcétera.
Sin embargo, contrario a esa cantidad de noticias de denuncias, salvo por el caso de Buen Comienzo, son muy pocas las noticias sobre los avances de la investigaciones y las sanciones o absoluciones de funcionarios públicos por parte de las entidades de control como la Personería Distrital, la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría.
Esa aparente inacción le ha costado a estas entidades una mala imagen entre los ciudadanos que, cansados de denunciar con pruebas lo que serían graves delitos, ven frustrados cómo los funcionarios que habrían incurrido en ellos siguen en sus cargos (posiblemente cometiendo nuevas fallas) sin ninguna consecuencia que salte a la vista.
Quizá uno de los entes a los que más le reclama la ciudadanía es a la Personería, no solo porque suele ser el primer canal que tienen las personas para poner una queja de los funcionarios sino porque es una de las entidades que más hace anuncios sobre aperturas de investigaciones, que por ahora, muy pocas veces, encuentran algún cierre.
El Personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, habló con EL COLOMBIANO sobre las investigaciones que adelanta, defendió el trabajo de su equipo, se quejó de los pocos recursos con los que cuenta y alegó que es la Procuraduría la que se le lleva los casos más grandes y mediáticos, y que por eso no puede responder por ellos.
De lo primero que habla Vivas cuando se le cuestiona por la eficiencia de su entidad es de las cifras: entre 2020 y lo que va de 2023, la Personería ha abierto 674 investigaciones, esto es 104% más de las que se abrieron durante los cuatro años del periodo anterior. De esas 674, 169 se han archivado luego de la apertura y 219, luego de la indagación. Solo 33, es decir el 4,9%, han concluido con un fallo: en 17 oportunidades fue de absolución y solo en 16 hubo una sanción. Es el mismo número de sanciones que hubo en el cuatrienio pasado a pesar de que en este la Personería ha abierto más del doble de investigaciones.
Sin embargo, uno de los datos más interesantes para Vivas es el del número de investigaciones que se inician en la Personería pero que luego terminan en la Procuraduría General: 174. De acuerdo con el Personero, la Procuraduría Distrital puede pedirle las investigaciones que considere sin haber un criterio claro para ello. Lo que dice es que generalmente se le llevan las más mediáticas o las que parecen más graves o donde hay más pruebas, como los casos mencionados al inicio.
“Según el Código General Disciplinario, la Procuraduría tiene poder disciplinario preferente, eso quiere decir que en cualquier proceso puede intervenir. Cuando la Procuraduría considera que un proceso es importante o relevante se lo puede llevar en cualquier momento. No existe un proceso determinado para decir cuál proceso se lleva la Procuraduría y cuál no, sino que solo toma la decisión”, explica.
Además, asegura que después de que la Procuraduría toma alguno de los procesos, desde la Personería no pueden volver a preguntar por su estado o avance. Vivas también es claro en que a pesar de que recibe cientos de quejas sobre el actuar del ex alcalde Quintero o de quienes lo han reemplazado en su cargo por viajes, vacaciones o ahora que renunció, la Personería no tiene la competencia para procesar al alcalde, ni a ningún otro funcionario elegido popularmente como los concejales o inclusive los ediles. De manera que, aunque recibió decenas de testimonios al respecto, Vivas no tiene razón de cómo va la investigación sobre los ediles que estarían pidiendo plata o favores sexuales para firmar los certificados de trabajo social que necesitan los jóvenes en las comunas para acceder a becas de estudio, ni tampoco cómo va el proceso por el supuesto carrusel de la contratación en los presupuestos participativos de varias comunas, donde al parecer los ediles que priorizan los proyectos después se contratan a ellos mismos para ejecutarlos. Todo eso, insiste, se lo lleva la Procuraduría.
Otra de las razones que da Vivas para que los funcionarios, después de ser denunciados, puedan seguir tanto tiempo en sus cargos es que los procesos disciplinarios llevados por su entidad duran casi dos años para que cada una de las partes involucradas tenga todas las garantías. El personero asegura que su entidad ha sido eficiente y que las investigaciones “van muy avanzadas”. Esto a pesar del poco personal con el que cuenta y las precarias condiciones en las que trabajan.
En el sótano de la Plaza de la Libertad, donde está la sede de la Personería, no han podido tapar las goteras a pesar de que Vivas se empezó a quejar de ellas hace casi un año. Los computadores y los trabajadores se mojan cada que hay un aguacero, pero no hay plata para alquilar otro edificio. Además, el personal es poco para tanta denuncia de supuesta corrupción.
“Los funcionarios de instrucción y vigilancia (los que llevan las investigaciones) me dicen todo el tiempo que están reventados. Necesitamos personal especializado en contratación, contabilidad, ingeniería civil. Solo tenemos una persona para el área financiera, que cuando se va de vacaciones deja paralizada la entidad, no hay nadie de planta para el área de tecnología, ni de contratación, ni de seguridad y salud en el trabajo”, dice Vivas.
A pesar de todo esto, Vivas se compromete a que en las últimas semanas al frente de la Personería dará varias noticias sobre cierres de investigaciones, pliegos de cargos y fallos, como ocurrió hace pocos días con Mónica Gómez y Daniel Pulgarín Correa, exfuncionarios de la administración Quintero.
