En los últimos tres años, la Universidad Católica del Norte pasó de ser casi una desconocida para la contratación del Distrito de Medellín a ser la mejor y más cercana aliada de la Secretaría de Educación, de la cual se convirtió en su brazo operativo. Hasta 2021, esta universidad 100% virtual, fundada por sacerdotes en Santa Rosa de Osos, solo contrataba con la alcaldía pequeños contratos para prestar servicios de educación virtual para estudiantes con alguna limitación o discapacidad que no podían asistir presencialmente a clase. Esos contratos anualmente no superaban los $2.000 millones.
Pero sorpresivamente, para el 2022, la Secretaría de Educación de Medellín decidió entregarle la mayoría de su operación a la Católica . Entre el 25 y el 28 de enero de ese año, la Universidad Católica del Norte firmó con el Distrito de Medellín cinco contratos que sumados corresponden a más de $32.000 millones. La Universidad quedó encargada de la contratación de todo el personal de apoyo de la Secretaría de Educación y de los tesoreros, los bibliotecarios, los auxiliares administrativos y el personal de apoyo de las 229 instituciones educativas de Medellín. Esto, sumado a que siguieron con el programa de educación virtual para personas con alguna discapacidad. Con las adiciones y las renovaciones de esos contratos, la Católica cerró el año con casi $43.000 millones pagados por la Alcaldía de Medellín.
El vínculo se fortaleció este año, pues además de entregarle los mismos contratos del año anterior —por contratación directa todos— la alcaldía le dio a la Católica el manejo de dos nuevos programas: el primero y más grande es el de Entornos Protectores, que tiene como objetivo acompañar por medio de psicólogos profesionales a los estudiantes de los colegios públicos de la ciudad. El contrato, que incluye la contratación de 286 personas, de las cuales 230 son psicólogos, se firmó por un valor de $14.975 millones y va desde enero hasta diciembre. El segundo programa que la Católica incluyó en su portafolio este año es el de “prestar el servicio para el fortalecimiento del proceso de transformación institucional hacia la Educación Inclusiva en Instituciones Educativas Oficiales”, por un valor de $10.317 millones. En lo que va corrido de este año, la Secretaría de Educación de Medellín le ha pagado más de $60.000 millones. Para hacerse una idea, eso es casi lo mismo que todo el presupuesto anual que tenían este año el ITM y el Colegio Mayor, que juntos atienden a unos 32.000 estudiantes.
Un buen ejemplo de cómo está de estrecha la relación entre la Universidad y la Secretaría es el famoso caso de la novia de Juan Carlos Upegui, Andrea Vahos. Como prueba de que supuestamente no estaba vinculada con la secretaría de Educación, Vahos, en lugar de presentar un certificado de la Alcaldía, presentó uno emitido por la Católica donde decía que no había estado vinculada con ellos ni en 2022 ni en 2023. Como si estar contratado por esta Universidad y por la Secretaría de Educación fueran sinónimos. Luego se supo que entre 2019 y 2020, y después en 2022, Vahos sí había trabajado para la Alcaldía pero por medio del Pascual Bravo y el Colegio Mayor, que eran hasta hace poco los que apoyaban la operación de la Alcaldía en temas educativos.
Lo que varias personas que conocen el sector educativo de la ciudad se preguntan, es por qué la Alcaldía dejó de contratar con sus propias entidades para hacerlo con un privado casi desconocido. Estos contratos dejan por concepto de administración un valor entre el 5% y el 8% que son un alivio financiero para estas entidades que generalmente están cortas de presupuesto. Hace apenas 15 días, los rectores del ITM, Pascual Bravo y el Colegio Mayor tuvieron que ir al Concejo de Medellín a sacar el sombrero para que les aprobaran $78.000 millones de transferencias extras porque sino no tendrían con que acabar el año, puesto que en mayo la Alcaldía les congeló drásticamente el presupuesto que les había aprobado en enero. De manera que la administración de estos contratos que ahora tiene la Católica les vendría muy bien.
Pero la Alcaldía está feliz con ellos y está regando la voz entre sus dependencias. En marzo de este año, la Secretaría de Innovación Digital le entregó de una vez cuatro contratos —aunque nunca habían trabajado juntas— por más de $13.000 millones para que, en una dinámica parecida a la de los convenios con Educación, esta se encargara del personal de apoyo de diferentes proyectos de tecnología e innovación de la ciudad. Por su parte, la Secretaría Privada le firmó en abril y agosto de este año dos contratos por $997 millones cada uno para “brindar apoyo en el análisis del avance de los proyectos estratégicos y demás acciones priorizadas por el Despacho del Alcalde”, o lo que sea que eso quiera decir.
Sumando lo de Educación, Innovación Digital y Despacho, este año la Universidad Católica del Norte ha recibido de la Alcaldía de Medellín $78.017 millones, eso es casi lo mismo que el presupuesto anual de Sapiencia, la agencia de educación superior del municipio.
Pero, ¿por qué los escogen a ellos?, ¿cómo hicieron para convertirse en los favoritos de la Secretaría de Educación en tan poco tiempo? Lo que dicen quienes llevan años en el sector, y que prefieren no revelar sus nombres, es que muchas entidades públicas y privadas de educación prefieren hacerle el quite a estos contratos porque los riesgos de corrupción son muy altos, tienen mucha veeduría de la opinión pública, y además están sujetos a que desde la Alcaldía les impongan al personal que deben contratar aún cuando muchas veces no son los más idóneos. En otras palabras, que los utilizan para pagar favores políticos. Además, algunas fuentes de la misma Secretaría dijeron que la Católica ha demostrado ser eficiente con los recursos y que le paga puntual a sus contratistas.
Al parecer, el éxito de esta relación es que la Católica ha aplicado esa máxima de los negocios que dice que el cliente siempre tiene la razón, y no ha puesto mayor oposición para que los funcionarios de alto nivel de la Alcaldía —secretarios, subsecretarios y asesores— puedan usar esos puestos en los colegios (secretarias, bibliotecarias, auxiliares administrativas) y en la secretaría misma, para pedir o pagar favores políticos, aún cuando no son los idóneos para el cargo.
Este diario conoció el testimonio de una auxiliar administrativa a la que contrataron por recomendación de alguien de la Secretaría. “Me sorprendió que ni me entrevistaron, solo me llamaron al celular y me preguntaron que si yo sabía manejar un computador y mandar correos. A la semana ya estaba trabajando”, dijo.
La segunda sorpresa se la llevó cuando, a finales del año pasado, cuando llevaba apenas un par de meses en el cargo, empezó a recibir “invitaciones” a los sancochos que Albert Corredor, hoy candidato a la Alcaldía, estaba repartiendo en los barrios populares de la ciudad. A partir de allí, su testimonio se parece al de decenas de los mismos que se han publicado en este periódico: la metieron a grupos de WhatsApp de la campaña, le pidieron recoger firmas para Corredor, tenía que dejar el trabajo tirado para ir a las reuniones políticas en el Censa, la “invitaban” a volantear. También le pedían aportes para comprar regalos para los eventos con los niños y con los viejos, en una de las últimas reuniones las organizadoras sugirieron que para que Corredor pudiera tener una sede de campaña en cada barrio de la ciudad, las contratistas deberían poner algo para pagar lo del arriendo. Todo esto siempre con la amenaza de que podía perder su empleo si no se “comprometía” con el candidato.
Al principio, esta persona cumplía con todos los pedidos políticos que le hacían, pero en los últimos meses tuvo que dejarlo de hacer: su madre enfermó y se la pasaba del trabajo a la clínica. Esa excusa no valió de nada y para el último corte del contrato, la Universidad Católica no se lo renovó.
Cuando la funcionaria amiga que la había ayudado a conseguir el trabajo preguntó el porqué, lo que le respondieron era que una compañera la había escuchado hablando mal de Corredor y diciendo que no iba a votar por él.
El pasado 9 de septiembre, en estas páginas se publicaron los testimonios anónimos de varias psicólogas del programa de Entorno Protector que se quejaban porque estaban abandonando la atención de los niños y niñas por irse a hacerle campaña a Corredor. En esa publicación se reveló que una de las coordinadoras del programa era también una de las más activas promotoras de la campaña de Corredor, de manera que sabía a la perfección cuáles contratistas estaban apoyando la campaña y cuáles no. Aunque Corredor siempre ha negado su influencia en la Secretaría y las presiones a los contratistas, a esta coordinadora la sacaron del cargo justo después de la denuncia.
¿Pero la Universidad Católica del Norte se presta para que los políticos pongan y quiten a quien quieran y cuando quieran? Ellos dicen que no.
A partir de las denuncias, el concejal Alfredo Ramos le pidió a la Universidad que le contara cuáles acciones había tomado para identificar y solucionar estas quejas. La respuesta del sacerdote Diego Luis Rendón, rector de la Universidad, fue la misma que siempre da Corredor: como no hay una “denuncia formal” no se pueden tomar “medidas en el asunto”.
“Reiteramos que nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte se ha destacado siempre por no tener filiaciones políticas con ningún partido, y por ende no somos ni hemos sido promotores de campañas políticas de ninguna índole, nos precede la experticia técnica y el interés de prestar un servicio de calidad”, dijo.
Lo que sí le dijeron a Ramos es que, en lo que iba del contrato hasta septiembre, la Universidad solo le había terminado el contrato unilateralmente a tres personas “atendiendo a causales objetivas”. Sin embargo, agregaron que 51 personas renunciaron “de forma voluntaria y sin ningún tipo de atención externa”.
De manera que solo del contrato de Entornos Protectores, para el que la Católica contrató a 286 personas, en ocho meses ya ha tenido que cambiar a 54, eso es el 18,8%. Casi uno de cada cinco colegios públicos ha cambiado de psicólogo este año. La rotación, dicen los contratistas, puede ser todavía más alta entre secretarias, tesoreras y bibliotecarias, pues a diferencia de Entorno Protector que tiene contrato de enero a diciembre, sus contratos son más cortos y si no están “comprometidos” no les renuevan, y eso no queda en las estadísticas de los despidos o las renuncias.
54
colegios públicos han
cambiado de psicólogo
en lo que va de este año.
14
contratos han firmado este año diferentes dependencias de la Alcaldía con la U. Católica.
