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No hay control efectivo a empresas que tiñen de colores el río Medellín
Empresas maniobran para burlar sanciones. Los riesgos a la salud humana aumentan y el control de la autoridad ambiental palidece.
09 de mayo de 2023
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Cuando la ciudadanía toma la foto o graba el video del río Medellín teñido de algún color la pelea ya se ha perdido hace varias horas y las empresas responsables se han salido con la suya o probablemente lo hagan después de un proceso administrativo en el que tienen todas las de ganar.
Hace tres semanas el río se tiñó de azul por el nororiente de Medellín y el pasado 3 de mayo el reporte fue en Itagüí, donde a eso de las 9 de la mañana la gente empezó a ver un espumero que dejó el río completamente blanco.
La frecuencia de los vertimientos sobre el río registrados recientemente le han recordado a la ciudadanía la amenaza ambiental y contra la salud pública con la que convive. Reportar por redes sociales se volvió un ejercicio usual y sirvió para que las empresas responsables limitaran su práctica irregular a un par de horas en la madrugada y no en cualquier momento del día. Pero de todos modos se han vuelto expertos en verter desechos de manera calculada.
Los funcionarios del Área Metropolitana y Corantioquia despliegan duplas de profesionales que hacen barridos desde las 3 de la madrugada, desde el Sur del Valle de Aburrá, para cubrir los puntos críticos.
Cuando visualizan un vertimiento toman el registro, sacan muestras y empiezan el rastreo hasta ubicar la empresa responsable. Pero incluso cuando son descubiertas, las empresas pueden alegar errores técnicos puntuales y así empezar las maniobras administrativas necesarias para evitar sanciones fuertes.
Carlos Mario Ortiz, gestor ambiental y comunitario de Itagüi, señala que en lugar de optimizar sus procesos para reducir riesgos ambientales derivados de su actividad, varias industrias han perfeccionado su estrategia para burlar a las autoridades. Dice, por ejemplo, que tienen robustos sistemas de cámaras para vigilar a quienes vigilan, los funcionarios de la autoridad ambiental, de manera que en la madrugada y sabiendo la ubicación exacta de los equipos de monitoreo, hacen los vertimientos con impunidad.
Las sanciones pueden oscilar entre los 200 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Prestigiosas empresas han pagado millonarias multas, sobre todo entre 2012 y 2015.
Pero los procesos sancionatorios son desgastantes y tardan años en resolverse. El pleito en el sonado caso de la Locería Colombiana se resolvió en 2022 a favor de la empresa tras ocho años. Y aplica para vertimientos irregulares de cualquier tipo. Por ejemplo, una de las sanciones más recientes por vertimientos de aguas residuales sin permiso la dejó en firme Corantioquia contra el Conjunto Industrial Pinar del Río en noviembre de 2021, a pesar de ser un proceso que se desprende del hallazgo en mayo de 2013.
De todos modos, aún si los procesos sancionatorios fueran diligentes, el mayor problema no se reduce a cobrar o no una multa.
Los estudios de toxicidad por vertimientos sobre el río Medellín han encontrado una verdadera sopa de sustancias químicas. La lista es larga: índigo carmín, rojo 40, amarillo N° 5, sulfato básico de cromo, óxido de hierro negro, dióxido de titanio, óxido de zinc, rodamina, óxido de cobre y óxido de hierro rojo.
Los análisis del equipo de la Facultad de Minas de la Nacional, liderado por el ingeniero químico Édison Alexánder Agudelo, señalan que los componentes y concentraciones hallados generan toxicidad molecular y alteraciones al ecosistema, lo cual determina potenciales daños a la salud humana.
Los daños que pueden ocasionar los compuestos PCB, que contienen estos pigmentos, abarcan un extenso listado de desórdenes teratogénicos como retraso de crecimiento y alteraciones morfológicas. Incluso, sin llegar a tal gravedad, pueden desencadenar infecciones e inflamaciones graves.
Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta el aumento de comunidades en asentamientos informales que conviven cerca al río o las quebradas tributarias. Se le suma el incremento de episodios de desbordamientos del río por el aumento de las lluvias, consecuencia de la crisis climática.
El Área Metropolitana guarda silencio ante la ciudadanía, que a través de redes sociales le reclama acciones, y ante la prensa pues aunque se le consultó por los episodios recientes, por las estrategias de vigilancia y monitoreo y los procesos administrativos y sancionatorios adelantados en los últimos tres años, no atendió al requerimiento.
Ante los reportes y denuncias de la ciudadanía, la justificación usual que entrega la entidad es la incapacidad para hacer presencia expedita en los sitios reportados y hallar el origen de los vertimientos. Los registros de los anteriores años arrojan que cada mes se detectan 20 vertimientos sobre el río y la entidad realiza cerca de 300 visitas al año al río y quebradas.
Lo llamativo de esto es que en 2022, cuando el Área Metropolitana intentó despojar de la competencia como autoridad ambiental a Corantioquia en Medellín, aseguró estar en la plena capacidad técnica para asumir todos los retos ambientales que tuviera ciudad.
