El Ministerio de Minas y Energía confirmó en la mañana de este 7 de enero que esos recursos obedecen a la deuda de los subsidios tarifarios de la energía en Zonas no Interconectadas del País (ZNI).
Para contexto, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), las ZNI son municipios, corregimientos, localidades y caseríos que no están conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), como algunos territorios de San Andrés, Leticia en el Amazonas, Capurganá en el Chocó, Puerto Carreño en el Vichada y Mitú en el Vaupés.
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Los recursos ascienden a los $184.000 millones, que serán girados a las respectivas empresas que prestan el servicio de energía eléctrica, dentro de los que se encuentran $6.257 millones correspondientes a Electrovichada para ponerse al día con los proveedores.
Hay que recordar que esa empresa no pudo seguir operando y Puerto Carreño, un municipio en el oriente del departamento de Vichada, se quedó sin energía eléctrica por más de 24 horas entre los pasados 2 y 3 de enero. La cuestión es que por la falta del desembolso de los subsidios la empresa se quedó sin flujo de caja.
Ante el pago a esa empresa, el Ministerio de Minas agregó: “El día de hoy se deberá normalizar el servicio de energía en Puerto Carreño, Vichada. A su vez, desde el Ministerio de Minas y Energía se encuentran en desarrollo medidas estructurales que permitan garantizar la correcta prestación del servicio en el departamento, así como un proceso de modernización y transición energética con el fin de sustituir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, lo cual incluye la implementación de soluciones fotovoltaicas.”
El Gobierno debe $2,7 billones en subsidios
Hay que reconocer que el retorno de estos recursos es un alivio para las empresas comercializadoras que operan en dichos territorios apartados, pero la deuda pendiente es mucho más elevada.
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Los gremios más importantes del sector energético en Colombia, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y la Asociación de Energías Renovables (SerColombia), aseguraron en un comunicado que la deuda pendiente por concepto de subsidios de energía es de $2,7 billones –a corte de diciembre del año pasado– .
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, sostuvo que el pago de dichos auxilios “no es un favor del Gobierno, sino una obligación”. El líder gremial se refirió a que la aplicación de estos subsidios por parte de las empresas del sector está respaldada por las obligaciones del Estado y establecidas en la Constitución Política: en las leyes 142 y 143 de 1994, y 286 de 1996, y los Decretos 847 de 2001 y 201 de 2004. Esas normas incluyen las bases de los subsidios y su financiamiento.
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