El Ministerio de Trabajo presentó una cartilla con 20 beneficios tributarios a los que pueden acceder aquellos empleadores que, por ejemplo, contraten población en condiciones de vulnerabilidad.
Esta, según explicó Ángel Custodio Cabrera, titular de la mencionada cartera, es otra de las estrategias pensadas desde el Gobierno para apoyar la reactivación económica y disminuir la tasa de desempleo heredada por la época más crítica de la pandemia y los confinamientos estrictos.
De acuerdo con el Dane, la desocupación se ubicó en 14,4 % en junio, y aunque se traduce en 5,4 puntos porcentuales menos frente al mismo mes de 2020, la intención del Ejecutivo es estimular el ritmo de contratación y aproximar el indicador hasta un solo dígito.
Incentivos destacados
La cartilla esboza que habrá beneficios por emplear a mujeres víctimas del conflicto, ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, población en situación de discapacidad y adultos mayores.
En el caso de los dos primeros grupos, el texto estipula la posibilidad de deducir sobre el impuesto de renta hasta el 200 % “del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años”.
Adicionalmente, al abrir las puertas a quienes presentan discapacidad, “la cuota de aprendices a que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50 %, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25 %”, tal como dictan esas líneas.
Así mismo, conforme a lo dispuesto allí, la empresa contará con otra serie de garantías. Entre ellas, prelación en el otorgamiento de subsidios y créditos estatales, “siempre y cuando se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con discapacidad”.
Otros respaldos enumerados en esta área atañen a puntos favorables al momento de participar en licitaciones públicas y un manejo diferencial en el cobro de aranceles al importar maquinaria o activos precisos para el ejercicio laboral de esta población.
Para ilustrar como aplicaría el descuento fiscal, la cartilla pone un ejemplo hipotético con un salario de $700.000, cuyo costo real para el empresario sería de $1.107.442, sumando auxilios y prestaciones legales.
“Para efectos de reducción de la base gravable, se debita dos veces ese valor $1.107.442 x 12 meses = $13.289.308. Este valor se multiplica por el 200 %”, señala el texto y agrega: “el valor ($26.578.616) se deduce en el renglón 52 del formulario de la declaración de renta”.
Adultos mayores
Otra porción poblacional que significaría ventaja fiscal son los adultos mayores. Los empleadores que los contraten podrán deducir el 120 % sobre el impuesto de renta, “siempre que correspondan por lo menos al 2,5 % de la planta de personal para empleadores que posean un número de trabajadores menor a 100 empleados”.
Con respecto a este tipo de políticas, desde la Perspectiva de Iván Jaramillo Jassir, director del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, el propósito es equilibrar el terreno para quienes tienen desventajas competitivas de cara al desempeño de una actividad puntual.
Y subrayó que “estos estímulos deben ser establecidos con vocación de permanencia porque los programas que hemos tenido en ese sentido han terminado diluyéndose”.
Igualmente, apuntó que sería podrían complementarse estos incentivos con políticas pasivas: “es decir, de respuestas contra el desempleo para que el trabajador tenga una sustitución de ingreso y así no caiga en informalidad”.
Por su parte, María Elena Ospina, directora ejecutiva para Antioquia de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), dijo a este diario que se está revisando la cartilla e hizo alusión específicamente a la ventaja en el rubro de las licitaciones.
“¡Ojalá fuera así! La contratación pública para las Mipymes siempre ha sido muy difícil por la falta de experiencia y por los requisitos”, puntualizó
200 %
del impuesto de renta podrán deducir firmas que contraten población discapacitada.
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