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Cartel de los cuadernos, capítulo negro que escriben tres empresas

Unas 3,7 millones de familias compran cuadernos cada año en el país. Dos de las empresas investigadas por cartelización suman 61 % de ese mercado.

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12 de abril de 2016
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“En la reunión se definía lo que debíamos hacer, vamos a subir los precios un 5 %, un 8 % (...). Ya después, BICO (empresa de Carvajal encargada del segmento escolar) implementaba esos detalles, hacía la lista con las cien referencias que había, y las llevaba pues al precio de 150, 200. Implementaban todo eso, me lo mandaban, revisaba que estuviera lo que se convino y se aplicaba”.

Así se organizó, desde 2001 hasta 2014, el precio de lo que usted pagaba por un cuaderno para sus hijos de marcas como Norma, Scribe y Kiut, de la colombiana Carvajal y las extranjeras Kimberly y Scribe.

La declaración es un aparte de la delación que hizo el gerente de Ventas de Kimberly, Juan Restrepo Gaviria, dentro del informe motivado por cartelización que entregó la Delegatura para la Protección de la Libre Competencia al despacho del Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo.

Esta nueva revelación hecha por la SIC, del que este diario conoció apartes, es el insumo principal que tendría el funcionario para determinar si sanciona o exonera a las tres implicadas y 24 de sus funcionarios.

Robledo aseguró que “en dos o tres meses se tendrá una decisión definitiva sobre este proceso y se acogerá el informe de manera total o parcial”. Ahora corren 20 días para que las empresas se defiendan.

Sólo Carvajal y Scribe acaparan el 61,7 % del mercado de cuadernos en el país, según la SIC, y facturaban a 2014 más de 1,4 billones de pesos al año.

Dos de las responsables (Kimberly y Scribe) se acogieron al Programa de Beneficios por Colaboración, por lo cual el superintendente Delegado recomienda exonerarlas de las multas que pueden llegar hasta los 68.945 millones de pesos, pues revelaron datos claves para la investigación. En el caso de Carvajal no se sugiere exoneración de la multa ni aparece como colaboradora.

Esto se conoce días después del informe motivado de la SIC sobre la presunta cartelización en el mercado de papel higiénico. En las dos investigaciones, la SIC describe cómo se amañaban estrategias comerciales para subir y bajar precios y organizaban estrategias para debilitar a la competencia (ver infografía).

El flagelo de los carteles

La discusión de fondo es por qué se forman estos carteles y su impacto, tanto en reputación como en el bolsillo de los consumidores.

El exsuperintedente de Industria y Comercio Gustavo Valbuena Quiñones, aseguró a EL COLOMBIANO que “las sanciones e investigaciones por cartelización no son nuevas y Colombia tiene una política pública para evitar estas prácticas desde 1959”.

¿Y por qué no se respeta? El exfuncionario considera que el impacto de las medidas de la SIC se enmarcan en su capacidad sancionatoria. “Sólo hasta 2009 logramos que las multas pasaran de 2 mil a 100 mil salarios mínimos como máximo”.

Con multas más altas el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Guillermo Botero opina que “tantos empresarios poderosos que se cartelizan pidan la cabeza del superintendente es un buen indicador, significa que ahora sí le temen a la ley”.

El efecto de estas practicas afectan a la cadena de comercialización y al comprador final. Por ejemplo, más de 3,7 millones de familias colombianas compran cuadernos cada año, según el Dane.

“Además del evidente efecto sobre hogares, el comercio queda en la mitad, enfrentando una feroz competencia y afectado además por estas terribles prácticas de algunos empresarios”, agregó Botero.

Dos caras de la moneda

Por su parte, el exsuperintendente Jairo Rubio Escobar, cree que “perseguir y multar la cartelización es un avance notable, así como impulsos para que sean más severas estas sanciones, pero el Gobierno mismo debe analizar qué prácticas desde su regulación están distorsionando el mercado y afectando la competencia. Por ejemplo, la tabla de fletes en el sector transportador”. La discusión debe ser ahora qué controles adicionales se requieren para que todos los colombianos no paguen las tretas de algunos.

Infográfico
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