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Con la buena intención de facilitar el control de la tercerización ilegal del trabajo, el Gobierno Nacional promulgó en abril de 2016 el Decreto 583. Las críticas y demandas no se hicieron esperar y, en respuesta a estas últimas, el pasado 16 de marzo el Consejo de Estado derogó parcialmente el citado decreto, de suerte que su aplicación quedó suspendida hasta que el alto tribunal emita un concepto de fondo.
El fallo llevó a la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, a expresar que, para impedir interpretaciones contrarias a derecho, el 583 debe ser derogado o modificado.
Al decir de la funcionaria, “la tercerización se puede dar para actividades especializadas, pero mediante esa figura no se puede contratar personal de manera indirecta. Eso...
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