Un aumento en la emisión de deuda y debilidad en la economía pondrían en riesgo la calificación crediticia de Colombia y el interés de los inversores extranjeros, quienes ya mostraron su descontento por la perspectiva demasiado optimista del Gobierno sobre sus finanzas.
Así también, ante la necesidad de enfrentar los costos derivados del posconflicto y la próxima jornada electoral, la mayoría de los economistas descartan que el país cumpla con sus metas de déficit fiscal de 3,6 % del producto interno bruto (PIB) para 2017 y de 3,1 % para el año entrante.
“Creemos que el gobierno en su marco fiscal a mediano plazo justifica el cumplimiento de los objetivos de la regla fiscal basados en supuestos macroeconómicos excesivamente optimistas y en un fuerte castigo a la inversión pública, que no parece realista teniendo en cuenta las necesidades de inversión e infraestructura del país”, señaló a Reuters el analista para América Latina de la compañía japonesa Nomura, Mario Castro.
A la dificultad para lograr los objetivos de crecimiento económico, se suma un aumento de las metas de colocación para la deuda pública local para este año y para 2018, que genera preocupación debido a que en teoría las necesidades ya estaban cubiertas con la reforma tributaria de 2016.
Al respecto, el minsitro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, argumentó que la medida es acorde con la regla fiscal, y, además, anunció a Primera Página Radio que recortará el gasto público en unos 1.655 millones de dólares el próximo año (ver opinión).
Pero, la agencia calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings consideró que las proyecciones gubernamentales lucen ambiciosas y resaltó que la carga de la deuda bruta de Colombia se encuentra muy cerca del 50 % del PIB, casi 10 % más alta que el promedio de países con calificación similar de ‘BBB’.
“Si no hacen el ajuste necesario, entonces la deuda seguirá aumentando y podría ser un riesgo para la calificación”, dijo el director de calificaciones soberanas de Fitch, Richard Francis. Advertencia a la que se sumó Moody’s.
Así, según el más reciente reporte de tenedores de deuda pública interna, los agentes cortaron en junio sus portafolios en 1,23 billones de pesos (unos 400 millones de dólares), su primera disminución desde octubre de 2016. No obstante, ayer Cárdenas tuiteó, desde EE. UU., que sostuvo una reunión con inversionistas que hacen efectiva la compra de TES en el país, y con calificadoras a las que presentó las proyecciones económicas del Gobierno .
