A 5.383 billones de pesos, es decir casi 23 veces el presupuesto total de la Nación para el próximo año, ascendían todas las pretensiones registradas contablemente por las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial, con corte a 2016.
Sobre la abultada cifra advierte un estudio elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría General de la República, del cual se dieron a conocer ayer solo sus conclusiones.
En el orden nacional las pretensiones registradas al año pasado llegaron a 5.340 billones de pesos, encabezadas por entidades del sector social (3.043,9 billones), seguido del sector Defensa, Justicia y Seguridad (1.210,4 billones).
Durante los últimos 14 años, las crecientes condenas contra el Estado, han obligado a destinar recursos del Presupuesto General de la Nación por 11,2 billones de pesos, advierte la Contraloría, lo cual equivale a dos veces los ingresos esperados por la última reforma tributaria, de finales de 2016.
La demanda vigente más representativa es la instaurada en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y otras entidades. Su monto es de 3.018 billones de pesos, correspondiente a una acción de grupo por desplazamiento forzado en el municipio de Mapiripán (Meta). Pero está evaluada con riesgo bajo, según el concepto de la Oficina Jurídica de DPS, informó la Contraloría.
Demandas en las regiones
“En el orden territorial, la mayor participación la registran los departamentos con 14,5 billones de pesos, comenzando con Antioquia (6.4 billones), Sucre (3 billones) y Córdoba (0,75 billones), que suman 70% del total de las entidades territoriales”, reseña en su reporte la Contraloría.
En cuanto a los municipios, las pretensiones en contra suman 9,8 billones, y a la cabeza está Medellín (2,8 billones) y Cali (1,1 billones). Entre ambas ciudades representan 40% del total de lo que diversos actores pretenden que les reconozcan instancias municipales.
Las empresas de servicios públicos ocupan el tercer lugar, con 6 billones de pesos que se les reclaman por vías jurídicas. Sobresale la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con 4,5 billones, 75% del total de dependencias del nivel descentralizado territorial.
“Dada la evolución de los registros contables y de los recursos destinados para cubrir condenas en contra de las entidades públicas y la representatividad de los intereses moratorios, se hace necesario implementar acciones inmediatas, contundentes y efectivas, con miras a la prevención del daño antijurídico y para fortalecer la defensa jurídica de las entidades”, concluye la Contraloría.
También la entidad llamó a todas las instancias estatales a mejorar su planeación presupuestal, de manera que las entidades demandadas disminuyan los tiempos de mora en el pago de fallos en contra, para atenuar el impacto de estas decisiones en las finanzas públicas.