“El empleo en Colombia tiene que ser inclusivo, tiene que tener equidad laboral, etnias, afros, LGTBI y personas con discapacidad”. Bajo esta consigna el Ministerio de Trabajo insiste en que para ofrecer un empleo, nadie es diferente al otro, y que lo importante es que el aspirante sepa hacer lo que se necesita.
Pero, ¿qué ocurre cuando quien busca una opción laboral es un discapacitado? Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) cerca del 80 % de las personas en esa condición en el mundo están en edad productiva y solo el 20 % tiene trabajo. Por eso, el llamado que hace el ente multilateral es a unir esfuerzos para aportar en la disminución de la pobreza y generar opciones para esta población.
A su turno, el Observatorio Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, señala que al cierre de marzo en Antioquia se contabilizaban 189.240 personas en situación de discapacidad, un 12,8 % del total nacional que es 1,47 millones de personas.
De esas cuentas se desprende que 121.813 discapacitados en este departamento no tienen ingresos, mientras que 49.749 están vinculados en trabajos de la industria y el comercio, o en los sectores agropecuario o de los servicios (ver gráfico).
Hay beneficios
Entidades como la Fundación Saldarriaga Concha, que trabaja por mejorar las condiciones de vida, resalta el Decreto 2011 de 2017, que estableció la vinculación laboral de personas con discapacidad en todas las entidades del sector público.
En ese contexto, el director de Función Pública, Fernando Grillo, precisa que actualmente 2.516 personas en esta condición están vinculadas a las entidades públicas del país, de las cuales el 46 % está en carrera administrativa, 42 % es provisional y el 12 % es personal de libre nombramiento y remoción.
Desde la Fundación se asegura que contratar a discapacitados mejora los niveles de productividad, pues estas personas suelen ser más estables en sus trabajos, lo cual se traduce en menores costos y gastos relacionados con reclutamiento y entrenamiento de empleados.
En Colombia, la Ley 361 de 1997 señala que las empresas que contratan a estas personas pueden acceder a una deducción en el impuesto de renta del 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el periodo gravable y una disminución del 50 % en la cuota de aprendices (ver Informe).
En el campo de la innovación, las bondades estarían en la conformación de equipos diversos lo que fomenta y aumenta la generación de conocimiento. Así, la participación de personas con discapacidad en las empresas permitirá, por ejemplo, que las compañías atiendan este mercado que podría generar miles de millones en ventas.
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