En cuestión de dos meses, Antioquia comenzará su propio laboratorio piloto de barridos predio a predio con el fin de levantar la información de 29 municipios para el nuevo catastro multipropósito, informó el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.
El funcionario, en entrevista con este diario, hizo dos anuncios adicionales: dentro de un mes se espera presentar al alto Gobierno el documento Conpes con la identificación de unas 7 millones de hectáreas susceptibles de ser explotadas bajo el modelo Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres); y a partir de junio próximo la Superintendencia asumirá la vigilancia y control de los curadores urbanos del país.
En cuanto al catastro multipropósito, implica recorrer palmo a palmo 114 millones de hectáreas del país para su elaboración y deberá estar listo en el segundo semestre del año 2021.
Este ejercicio será clave para que el Estado pueda identificar propietarios, poseedores, arrendatarios y ocupantes, facilitar la titulación de tierras, dar seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, mejorar el recaudo predial y allanar procesos de restitución, entre otros beneficios.
A los siete pilotos que comenzaron en municipios puntuales, se suma uno de mayor escala que estará a cargo de la Gobernación de Antioquia y que tendrá el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras para los casos de Ituango, Tarazá, Valdivia y Cáceres.
“La idea es llegar a cada vereda y dependencias locales, departamentales y nacionales ponerse de acuerdo con comunidades en linderos y de una vez levantar información georreferenciada. Si hay desacuerdos, un notario buscará resolverlo con un acta de conciliación. Estimamos que solo un 10 % de casos irá a los jueces”, explicó Vélez García.
Despejando las Zidres
De otra parte, el funcionario informó que en Antioquia también hay identificadas varias áreas que se suman a otras del Magdalena, Cesar, La Mojana, la Altillanura, y demás regiones, donde se prevé impulsar el modelo de explotación temporal por concesión de tierras, Zidres, que aprobó la Ley 1776 de 2016.
Frente a críticas sobre esta política para hacer productivas vastas áreas rurales, el supernotariado argumentó que las Zidres no implican titulación: “si hay un campesino que cumple condiciones de Ley 160 (asignación de tierras), se garantiza propiedad. Además las Zidres deberán garantizar primero la seguridad alimentaria de los colombianos y luego sí pensar en exportar”.
