Desde hoy el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), socializarán en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de cara a los próximos tres años; iniciativa que busca ser la base sobre la cual se forjen gran parte de las políticas económicas, sociales y ambientales del país.
En medio de las propuestas que ya puso sobre la mesa el Gobierno Nacional, hay todo un apartado que se fija en la necesidad de tener planes de acción, beneficios económicos e incentivos reales para que el emprendimiento nacional sea una de las bases más importantes del aumento del empleo y así mismo la disminución de la informalidad laboral.
Es entonces cuando aparece la necesidad, según el Gobierno, de hacer una revisión sobre lo que representa la carga tributaria y de funcionamiento en la creación y consolidación de empresas nuevas. De acuerdo con el documento del PND, “un emprendimiento formal asume un costo adicional de entre el 34 % y el 46 % de la utilidad bruta respecto a uno informal, en donde los costos tributarios y laborales representan la mayor proporción del total de costos. Como resultado, Colombia tiene altos niveles de informalidad empresarial y laboral”.
El tema se complica si se tiene en cuenta que, según datos entregados por el DNP, el registro mercantil de los micronegocios en Colombia no fue renovado por el 63,2 % de estos, y si bien representa una mejora frente a 2015 (momento en el que el número llegó a 75 %), “aún preocupa en la medida en que no se ven soluciones reales para que los negocios salgan a flote y superen ese valle de la mortalidad empresarial”, aseguró Mario Valencia, miembro de la Red por la Justicia Tributaria.
Si se analiza cuánto pesa ese registro mercantil en las finanzas de una nueva empresa se evidencia cuán representativo es solventar ese costo dentro de las arcas financieras de una unidad productiva que tiene como interés no engrosar la cifra de mortalidad empresarial, que señala la Asociación de Cámaras de Comercio (Asocámaras) está en que tres de cada 10 nuevas empresas sobreviven a los primeros cinco años de funcionamiento.
De acuerdo con el DNP, la tarifa del registro mercantil representa un costo mayor para las mipymes en comparación con las grandes empresas. “Las microempresas contribuyen con el 53,5 % del recaudo total por ese registro, las pequeñas, 34,1 %; medianas, 9,4 %, y las grandes aportan el 3 % del recaudo”, se lee en el documento.
Algunos peros
Sin embargo, para Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el verdadero problema está en la necesidad de contar con un plan de inyección económica mucho más fuerte.
“Consideramos que la inversión trazada desde el Gobierno a dicho plan tiene una cierta disparidad entre los rubros monetarios asignados, dado que en lo referente al emprendimiento y productividad, transformación digital, ciencia, tecnología e innovación y sostenibilidad el porcentaje participativo es muy bajo” (ver Para saber más).
Para la dirigente gremial este punto es sustancial en la medida en que afectará a largo plazo la generación de nuevo conocimiento, así como la creación de unidades productivas y el incremento en los niveles de innovación dentro de las empresas.
La política transversal que complemente esa preocupación por mitigar la carga financiera que le supone a los emprendimientos abrirse camino en Colombia también se centrará en mitigar ese “exceso de regulación” que existe en el país, “que perjudica la competitividad y dificulta el cumplimiento de las normas. Prueba de ello es que Colombia ocupa el puesto 123 de 140 países en el índice de carga regulatoria del Gobierno, según el Foro Económico Mundial”, dijo el DNP.
“No toda desregulación es buena. Se deben fijar muy bien los parámetros que permitan una mayor facilidad en la creación de empresa. El Estado no puede perder ese rol de ente vigilante. Lo que sí pareciera ser grave es que el plan nacional solo entregue un 2 % al emprendimiento y 11 % a las actividades mineras”, agregó Valencia.
Finalmente, Quintero señala que si bien urge un apartado que incluya una política que forje las bases para la creación de micro, pequeñas o medianas empresas, se necesita, cuanto antes, una que se centre en su consolidación .
