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billones es la estimación en recaudo de impuestos que generaría el sector: Econcept
Hablar sobre el potencial que tiene Colombia para ser uno de los productores de cannabis medicinal más relevantes de la región requiere poner en contexto. No se trata solo de la oportunidad comercial que tiene el país con el cultivo de la planta, sino también el conflicto que representa el hecho de atravesar por una guerra interna por la lucha contra las drogas.
El pasado 11 de agosto de 2017 el Gobierno Nacional finalizó el proceso de reglamentación para la fabricación, uso de semillas y cultivo de cannabis para fines medicinales y científicos. Colombia se convirtió en el cuarto país de la región en tener un marco normativo para el uso de cannabis con fines terapéuticos, hoy son siete. El Ministerio de Salud y Protección Social tiene a su cargo la expedición de licencias de fabricación de derivados de cannabis.
Desde entonces, la demanda de estas licencias creció de manera acelerada. Al cierre de 2017 la entidad dio 27 permisos, en 2018 llegó a 161, creció 5,9 veces, y a junio de este año ya había expedido 46 nuevas licencias, para llegar a 207.
La posición geográfica, el clima tropical, una mano de obra barata y la disponibilidad de grandes áreas de cultivo favorecen la industria. “Producir un gramo de flor en Colombia puede costar cinco centavos de dólar, mientras que en Canadá o Estados Unidos la cifra es de 1,30 a 2 dólares”, dijo Felipe de la Vega, gerente de Medcolcanna, una compañía que ya tiene 2,5 hectáreas cultivadas en el país.
Específicamente, un invernadero de la planta puede requerir inversiones en norteamérica por 1,5 millones de dólares, mientras que a nivel local puede ubicarse entre 100.000 y 200.000 dólares.
¿Cómo se llega a esto?
“La siembra está condicionada a la obtención de las licencias de cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, expedidas por el Ministerio de Justicia (ver Otras licencias que otorga Minjustica). Para el caso del cultivo de cannabis psicoactivo, a la aprobación del respectivo cupo por parte del Grupo Técnica de Cannabis, así como la inscripción de los cultivares (cultivos) de cannabis en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales del ICA, que permite la siembra comercial del cultivo”, señaló Alfonso Alberto Rosero, Director Técnico de Semillas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Para aplicar a una licencia de fabricación de derivados de cannabis, primero se debe tener claro con qué fin se va a utilizar: uso nacional, exportación, investigación científica o sus combinaciones. Los precios para obtener el permiso varían según el tipo (ver tabla de Tarifas de seguimiento y control).
Además, existen otras licencias: para el uso de semilla para siembra, el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y el de no psicoactivo, de las cuales se encarga el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Esto no implica que la regulación en el país admita la producción de la planta con fines recreativos para el consumo interno, este caso es solo con fines de producción de semilla, en grano, fabricación de derivados, fines científicos, almacenamiento y disposición final, es decir, de la eliminación controlada de residuos o desechos de los insumos.
Todavía no es fácil determinar cuántas hectáreas de cannabis existen en el país, pues la mayoría de las empresas hacen su multiplicación de semillas y siembra del cultivo bajo condiciones de invernadero, según Alfonso Alberto Rosero, Director Técnico de Semillas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
No obstante, la firma EConcept, dedicada a estudios económicos, reveló en un estudio, realizado por el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el exministro de Minas Tomás González, que el área sembrada de cannabis medicinal oscilaría entre 2.000 y 7.358 hectáreas.
A la fecha el ICA ha otorgado en el país 136 registros como productores de semilla seleccionada de cannabis. En Antioquía hay 15 empresas que cuentan con el registro. Además de la licencia de semilla para la comercialización y fines científicos, el Ministerio de Justicia entrega otras dos licencias (ver Módulos).
Para registrar un cultivo ante el ICA se deben realizar pruebas de evaluación agronómica en las subregiones naturales en donde se pretenda cultivar, conforme con lo establecido en la Resolución 3168 de 2015. “Debe ser realizada por una Unidad de Evaluación Agronómica o una Unidad de Investigación en Fitomejoramiento debidamente registrada ante el Instituto para la especie de interés”, agregó Rosero.
Colombia no es el único
A pesar de que el país cuenta con condiciones favorables para la industria, no es el único actor que ha visto la posibilidad de aumentar su riqueza a punta del ‘oro verde’, como se le conoce en el gremio productor.
Argentina, Chile, Uruguay, México, Jamaica, Perú y Brasil son otros de los países de la región que han ajustado su regulación o que tienen planes de hacerlo en pro del beneficio de la producción y posterior comercialización del cannabis medicinal.
Jamaica, por ejemplo, terminó el proceso de regulación en 2017 y cuenta con la posibilidad de cinco licencias. Hasta el momento hay 190 aprobadas, pero hay unas 54 en estudio. “Es un sistema muy bueno, está muy bien regulado. El Ministerio de Salud ha puesto por encima al consumidor, hay que protegerlo. Por eso, los productos a base de cannabis medicinal no se venden en todas las farmacias. Se invierte mucho en la educación para las personas y los médicos, que son quienes tienen que prescribir los medicamentos”, señaló Douglas Gordon, fundador de CanEx Jamaica.
Precisamente, Francisco Thoumi, integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), dijo que es un mito que va a haber una bonanza debido al cannabis medicinal y que Colombia vaya a repuntar su economía.
“Es cierto el argumento climático, que es favorable para el cultivo, pero lo que pasa es en los invernaderos que instalan otros países se puede ‘engañar’ ’a las plantas y lograr que crezcan en el mismo tiempo o, incluso, en uno menor”. Cabe resaltar que la Jife procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines médicos y científicos en el comercio internacional y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes lícitas a canales ilícitos.
La diferencia podría ser el costo de la energía de los invernaderos que instalan en otros países cuyo clima no es tan favorable como el colombiano. “La ventaja que podría tener Colombia, por tener más luz, se puede perder muy fácil porque el costo de transporte es muy alto para exportar desde departamentos del interior donde el cultivo es favorable, como en Antioquia. Así que yo no veo que esta industria prometa ser una gran bonanza para el país”, puntualizó.
Hace un par de años fue la primera vez que cuatro países del mundo (Colombia, Estados Unidos, Israel y Australia) informaron a la Junta su interés por la comercialización de cannabis con fines medicinales, ahí fue cuando el país presentó la solicitud de 40 toneladas. En total eran 91,9 toneladas toneladas, incluyendo la solicitud de los otros tres países. “De ahí salió la noticia que Colombia iba a ser el mayor exportador”, agregó Thoumi.
Pero a mayo de este año ya había 30 países que informaron a la Jife su interés y más de 20 estaban buscando información. “Lo que yo encuentro es que hay una gran cantidad de territorios que quieren competir por este famoso mercado de cannabis medicinal”, señaló el integrante de la Jife. A finales de septiembre la Junta se reunirá en Viena, allí estudiará nuevas solicitudes.
En agosto el Gobierno reveló un documento en el que se reducía el ‘cupo’ para la producción local que autorizaba la Jife. No obstante, Thoumi le aclaró a EL COLOMBIANO que este término está malinterpretado, ya que la Junta no tiene la capacidad para hacer la estimación de la demanda mundial y no podría determinar los ‘cupos’. “Lo que se establece es si las cifras que presentan son razonables de acuerdo a las solicitudes de otros países”, recalcó. Hoy esta posibilidad contempla una producción local de 1,2 toneladas, por debajo de la expectativa de los productores.
Entonces, según Thoumi, lo más probable hacia el futuro es que la gran mayoría de los productos medicinales de base cannábica surjan localmente, dentro de cada Nación; pues la tecnología es relativamente sencilla.
Interés de Canadá en AL
En 2018, Canadá se convirtió en el primer miembro del G20 en legalizar el cannabis con fines recreativos. Desde entonces, empresarios se han dedicado a buscar en otros territorios un hub productor.
Debido a las razones ya expuestas, varias empresas canadienses han puesto sus ojos y su capital para producir cultivos de la planta en varios departamentos. Pharmacielo, por ejemplo, una empresa ubicada en Rionegro y la primera en obtener licencias por parte del Gobierno, tiene capital canadiense.
“También tenemos otras empresas en Huila y Santa Marta. Como en el caso del sector minero, Colombia se ha convertido en un gran centro financiero para el tema de cannabis medicinal” señaló el embajador de Canadá en Colombia, Marcel Lebleu.
También, resaltó que las empresas canadienses están invirtiendo, no solo a nivel ejecutivo, sino también en investigación. De hecho, la Universidad del Magdalena tiene en curso una investigación sobre el tema, apoyada por inversión canadiense.
“A las empresas les interesa tener una cadena de suministro muy limpia, con trazabilidad y tenemos la ventaja de se ser los primeros que llegaron (first mover). Acá están las condiciones fundamentales y por el momento, sí, Colombia es el hub para Canadá”, puntualizó Lebleu.
Perspectiva del mercado
Según la firma de inversión Muisca Capital Group, cada día el mercado de consumo del cannabis legal cuenta con mayor proyección en la región. Para 2028, la firma estima que en Latinoamérica ascienda a 13.000 millones de dólares.
“Esta es una industria emergente que en el pasado fue fuente de conflicto y guerra, y que ahora se ha convertido en una oportunidad única generadora de riqueza, diversidad e inclusión para nuestras comunidades. Lo que falta en Latinoamérica es una comunidad de capital de riesgo (venture capital) que ayude a impulsar a las compañías latinas de cannabis al próximo nivel, permitiéndoles competir internacionalmente”, dijo Carol Ortega, fundadora y CEO de Muisca Capital Group, compañía que gestiona inversiones de la industria legal del cannabis en el mundo. Hasta el momento ha movilizado 70 millones de dólares en la región.
El próximo 12 de septiembre en Bogotá se realizará Cannabiz Latino Hub, organizado por varias firmas inversionistas. Esta será la primera cumbre para extender las operaciones en Latinoamérica: esperan 200 inversionistas y movilizar más de 20 millones de dólares. “Los inversores se van a fijar en productores que cumplan la regulación y que tengan un equipo que tenga cómo ejecutar”, señaló Ortega.
Pero este no es el único evento en el que se discuten temas que preocupan al sector. De hecho, ayer en Toronto (Canadá) se realizó el primer simposio sobre regulación de cannabis medicinal en Latinoamérica.
“El gobierno tiene en frente una posibilidad muy grande. Si apoya este sector, se puede volver un eje, no solo de exportación de commodity, sino de investigación y desarrollo, que le permitiría a Colombia ser pionera en la industria farmacéutica, pero aún hay pendientes en la regulación”, agregó Felipe de la Vega, gerente de Medcolcanna,
El escenario resulta tan favorecedor que el propio Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, tiene inversiones en este sector. Por esto que se declara impedido para tratar este tema y delega a la viceministra Laura Valdivieso, quien aseguró que desde la cartera se ha apoyado el fortalecimiento de la industria desde que se avanzó en la regulación. “Hemos diseñado de la mano de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la ‘Ruta exportadora para el Cannabis’, en el marco de la cual hemos trabajado en el acompañamiento uno-a-uno a las empresas del sector para ayudarlas a atraer inversión”, destacó.
De hecho, ProColombia ya ha certificado inversiones por 250 millones de dólares para el sector de cannabis y tiene en la mira oportunidades de inversión de 150 millones de dólares adicionales.
Finalmente, el exMinistro de Minas, Tomás González, reconoció que ésta es una ventana de oportunidad que se puede cerrar pronto, ya que hay varios países interesados. “El Gobierno deberá establecer un esquema de trabajo orientado; tener metas claras y así obtener la mayor participación en el mercado internacional”, puntualizó.
El estudio que lideró su firma (EConcept) resalta que esta actividad representaría 1,02 billones en impuestos anuales, generaría 21.031 empleos y, en promedio, aportaría 5.918 millones de dólares a las exportaciones.
$200.000
dólares máximo es el costo para poner en funcionamiento un invernadero de la planta en Colombia.
Us$5.918
millones, en promedio, aportaría el sector a las exportaciones nacionales.
