Tres tareas puntuales tienen que aplicar las compañías antifraude y corrupción. Deben tener un plan estratégico en esta materia, reconocer los errores y definir un plan comunicacional para transformar la cultura corporativa.
Adicionalmente, funcionan los comités especializados y el análisis de información sobre tendencias de mercado. Así quedó expresado en el panel “Impacto de los riesgos no operacionales de empresas”, organizado en Medellín por la Cámara de Comercio Colomboamericana (AmCham Antioquia-Caldas).
Las compañías deben contar con protocolos de monitoreo para evitar cualquier foco fraudulento, esto es particular para cada empresa y dependiendo se su actividad económica específica. Debe tener reglas claras de negociación con proveedores, relación con los clientes, empleados e inversionistas (si los tiene). Esto permite a las compañías evitar que se propaguen estos casos y ocasione millonarias multas y pérdidas económicas.
Se estima que pueden pasar hasta 15 meses para que una empresa se dé cuenta del problema, lo que evidencia falta de herramientas de detección.
Así mismo, “cuando pasa la situación negativa se recomienda salir a poner la cara y enfrentar lo sucedido”, apuntó Jorge Luis Del Castillo, director general de Comunicaciones Estratégicas FTI Consulting, uno de los panelistas.
De acuerdo con el estudio “Riesgos Corporativos en Colombia”, elaborado por dicha firma una de cada tres empresas consultadas, dice que ha sido víctima de fraude y esto afectó ingresos y reputación, análisis obtenido de una muestra de 100 empresarios.
“Se trata de que las compañías aprendan a mapear y gestionar los riesgos para atenderlos oportunamente. Seis de cada 10 empresarios (60 %) considera que su organización no está preparada para manejar una crisis, y sólo una de cada dos (50 %) cuenta con manuales para ello”, indicó por su parte Javier Restrepo, director de Investigaciones de FTI Consulting.
Sin embargo, el análisis no ofreció detalles sobre sectores económicos más vulnerables, porque “no tenemos una muestra suficientemente grande para hacer desagregación en sectores específicos. Aunque vemos unas fuentes de riesgo en empresas de origen gubernamental, por ejemplo, frente a constantes cambios de la normatividad”, aclaró Del Castillo.
Así las cosas, preocupa que el 80 % de los empresarios encuestados piense que Colombia tiene ahora más riesgos para hacer negocios, que hace cinco años. Los principales motivos para ello es la inseguridad jurídica o impositiva, la corrupción.
Además, la angustia toma fuerza cuando tres de cada cuatro compañías ha sufrido al menos un evento negativo en el último año, y que las grandes empresas (80 %) y las del sector industrial (86 %), han sido las más afectadas.
A la vez, el 60 % de los empresarios dice que no sabe cómo manejar una crisis reputacional. Uno de los hechos resaltados en el foro es que las compañías que operan en mercados multilatinos, como varias antioqueñas, las hace estar en constante riesgo ante este fenómeno.
Ahí es donde cobra fuerza la labor de los presidentes y directivos para implementar medidas que permitan que estos focos irregulares no se propaguen.
De todas maneras, el énfasis es que la reputación debe ser vista como un activo empresarial, que se debe medir y cuidar, tal y como sucede con los principales indicadores financieros tradicionales.
De otro lado, Carlos Quijano, director ejecutivo de AmCham Antioquia y Chocó manifestó su preocupación porque “las vulnerabilidades aplican a todo el empresariado en el país, con riesgos transversales, con poca preparación para gestionarlos”.
“Reconocer la realidad es difícil, pero es el primer punto para superar brechas en gestión. Hay mucho por hacer”, puntualizó Quijano.
