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En marcha política pública para mejorar vivienda rural
Disminuir el déficit habitacional del campo, que es del 81 %, tiene como reto la primera política en ese tema.
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Para cubrir el déficit de vivienda rural se requieren por lo menos $75 billones, dice Samir Samur Pertuz. FOTO juan antonio sánchez
“En el campo, las oportunidades de vivienda son muy pocas porque usted sabe que la gente vive de un cultivo de tomate, de papa o de fríjol, y depende de la cosecha, del precio y de que a la persona le quede alguna cosita para invertir en la casa”, cuenta Jairo Orozco, campesino de Marinilla, 57 años y conocedor de las carencias de vivienda digna en el campo colombiano, que afecta al 81 % de los hogares (en lo urbano al 25 %), según el Dane.
Aunque en la ruralidad solo vive el 24 % de la población del país, esta concentra casi la mitad de los 5,1 millones de hogares con déficit de vivienda. Para superar esta situación se necesita una inversión que hoy se cuantifica en 75 billones de pesos.
El gobierno busca trazar el camino con la Primera Política de Vivienda Rural, que fue aprobada en octubre pasado.
“Antes había programas dirigidos a la construcción de vivienda y de mejoramientos, pero cuando uno habla de una política pública se refiere a una hoja de ruta que, independiente del gobierno de turno, tenga ese compromiso con la vivienda rural”, apunta Saira Samur Pertuz, directora de Vivienda Rural de Colombia.
El déficit
Las carencias de vivienda campesina son de dos tipos, un déficit cuantitativo (23,7 %) y otro cualitativo (57 %). El primero relaciona los hogares sin casa y, el otro, de aquellos que no cumplen con estándares mínimos de calidad de vida —materiales, hacinamiento, acceso a servicios públicos, estabilidad de los terrenos, etc.—.
“Ese es el tipo de déficit que es más protuberante en la zona rural, porque las personas viven en alguna parte, pero en situaciones infrahumanas”, señala el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.
Según el documento técnico de la política, la necesidad de vivienda rural nueva se concentra en Vaupés (95,7 %), Amazonas (91,1 %), Guaviare (85,1 %) y Chocó (74,9 %). Los que más requieren mejoramientos de vivienda son: San Andrés, Providencia y Santa Catalina (81,3 %), Atlántico (78,7 %), Cesar (74,6 %), Guajira (70,4 %) y Magdalena (69,9 %).
Si se compara con el promedio nacional, el déficit habitacional en Antioquia es menor, pero también hay un rezago. La carencia de vivienda en el departamento es en promedio de 28,67 %; mientras el rural es de 77,6 %.
“El déficit de vivienda ha contribuido a aumentar la brecha de inequidad y de pobreza”, expresa María Fanery Sucerquia, gerente de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva).
Con base en los datos de las encuestas de calidad de vida del Dane, la Gobernación estima que se requieren más de 363.635 soluciones de vivienda en el departamento.
Según Sucerquia, la necesidad de una vivienda digna va más allá de una infraestructura física; por lo que su mejoramiento es un factor que apunta a propósitos de erradicar la pobreza, como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Fredy Castrillón, profesor de la Universidad Nacional y magíster Planeación Urbano-Regional, dice que cuando se revisa la matriz integral para el déficit habitacional se evidencia que el Estado no ha desarrollado bienes y servicios públicos en muchas de las zonas rurales.
“No podemos hablar de la vivienda per se. El concepto habitacional se comprende de otras variables; como la accesibilidad, la infraestructura en salud y en educación, y los servicios públicos, pero lo paradójico es que en muchas zonas no hay agua potable”, dice.
En el campo colombiano el índice de necesidades básicas insatisfechas (INB) es de 30 %, mientras que en las zonas urbanas es de 9,4 %. Este indicador muestra asuntos críticos para la vida humana como vivienda inadecuada, servicios básicos insuficientes, hacinamiento, inasistencia escolar y dependencia económica.
Aunque diversos gobiernos han intentado resolver las carencias de vivienda o mejorar las existentes, los principales problemas para disminuir el déficit son la concentración de recursos en pocas regiones, los costos de las obras en ruralidades apartadas, la falta de recursos económicos, la poca sostenibilidad de los proyectos, la desarticulación gubernamental y la corrupción.
Problemas estructurales
Las carencias de vivienda rural tienen su origen en la violencia y la migración que esta produjo hacia los centros poblados y las ciudades. Según el Dane, Colombia pasó de una población 61 % rural, en los años 50, a tener una predominantemente urbana del 76 %, en 2018.
Con la migración, los programas de desarrollo de vivienda se concentraron en las zonas urbanas.
“La política pública de vivienda ha estado más concentrada en los subsidios, pero las zonas rurales no han tenido los suficientes recursos”, opina José Luis Duque Pineda, planificador urbano regional.
También asegura que esa desatención ha hecho que se vayan perdiendo patrimonios constructivos de vivienda, como la edificación en materiales como la tapia.
Además de la pobreza, la informalidad se debe a que la normativa a veces no reconoce la complejidad de los territorios. “A uno le queda más difícil, porque en el pueblo la gente tiene sus trabajos en fábricas, tienen más aportes, digamos. En el campo, a la gente le toca hacer su casita clandestinamente y por hacerla ligero la hace mal, y ahí es cuando vienen los problemas de las desigualdades”, dice Orozco.
Lina María Ramírez, arquitecta-constructora y líder comunitaria rural, apunta: “Hay una normatividad antigua sobre la tenencia de la tierra que buscaba proteger la soberanía alimentaria, que es muy importante, pero que no se ajusta a la evolución del campo y del campesino”.
Otro problema es la fragmentación de la tierra. “Como está tan cara y el agro no está dando dinero, entonces el campesino lo que hace es fragmentar y vender. A raíz de ello, se han empezado a ver minifundios y por eso se dio un crecimiento acelerado de la vivienda rural y un cambio en el uso del suelo, con lo que también se generan unas presiones urbanísticas sobre sectores que están cerca de ciertas ciudades o municipalidades”, señala Ramírez.
Esa subdivisión, que también se puede dar por herencias, contribuye a la precariedad de las viviendas, cuando los campesinos quedan por fuera de la norma. Pues siguen construyendo de manera insegura y en condiciones muy precarias.
“La mayor parte de las viviendas no son dignas. Usan materiales muy transitorios, hechos de elementos de mala calidad en los que la gente incluso se moja en épocas de invierno. Es básicamente por la falta de acceso a materiales, que no tienen que ser sofisticados, sino seguros”, indica Duque Pineda.
Algunos municipios se abstienen de modificar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para evitar la presión sobre la tierra, pero los profesionales aseguran que la presión existe y requiere de un acompañamiento al campesino, en que se respete la soberanía alimentaria, pero se entiendan las realidades.
La vivienda de Orozco tiene ese problema: “El lote está a mi nombre y empecé a hacer todas las solicitudes para hacer mi casita y en el último requisito no pude pasar. ¿Qué me tocó hacer? Hacer mi casita clandestinamente”.
Los alcaldes reconocen los problemas de titulación de predios que generan estas dinámicas. “Hemos tratado de avanzar con las notarías o con registro, y hemos hecho la solicitud para que sean un poco flexibles, en la medida de lo posible”, dice Julián Granada, alcalde de Caramanta.
La informalidad también impide que los campesinos accedan a recursos que se otorgan por medio de entidades gubernamentales o cajas de compensación familiar.
Metas gubernamentales
El primer programa de la Política de Vivienda Rural es el de Vivienda Social para el Campo, que ya definió los beneficiarios de 5.900 viviendas nuevas para este año. Con este impulso, se espera construir 10.200 en 2022, si el presupuesto alcanza.
Según la directora de Vivienda Rural, a esta meta se sumarán 26.000 mejoramientos de vivienda, programa que se lanzará a mediados de año.
En total, serán $700.000 millones de inversión durante el gobierno de Duque. Sin embargo, no será suficiente para impactar significativamente el déficit, y por eso la insistencia de Samur Pertuz en que la política, que es de largo plazo, se mantenga en otros gobiernos.
“Esperamos que en 5 años se reduzca por lo menos un 5 % el déficit cuantitativo y en 10 años, el 15 %. Eso depende del esfuerzo constante y permanente de todos los gobiernos por apostarle a la vivienda rural. En dos años acaba este gobierno, pero de ahí en adelante depende de los compromisos de cada uno”, apunta.
Por su parte, la Gobernación espera quebrar el déficit de vivienda rural y urbana en 20,6 %, durante el actual mandato. Según Viva, de las 75.000 soluciones de vivienda que gestionará y cofinanciará en el cuatrienio, 24.000 estarán en territorio rural: 6.500 viviendas nuevas y 17.500 mejoramientos.
Al programa del gobierno nacional, entrarán, en principio, 2 de 99 municipios que solicitaron cupos para vivienda nueva en Antioquia. “Son Necoclí y San Juan de Urabá, que registran índices de déficit habitacional de 84,4 % y 83,9 %, respectivamente. En cada uno se construirán 100 viviendas”, afirma Sucerquia.
Las expectativas
Expertos y académicos aplauden la política, pero señalan retos como la financiación y la adaptación normativa a las realidades rurales.
“Hay buenas posibilidades conceptuales, pero necesita instrumentos normativos que, en la práctica, se implementen con un reconocimiento de equidad con las zonas rurales, no solo las campesinas, sino las de comunidades de distintas etnias”, dice Duque Pineda.
El exministro Restrepo considera que está bien orientada, pero advierte que no puede caer en lo de otras políticas. “A veces se cacarean más cosas de las que se hacen, no porque sean malas, sino por falta de recursos”, expresa.
El profesor Castrillón insiste en que es necesario que el gobierno vaya mostrando resultados y documentos que evidencien el impacto de los programas. “Aquí hay políticas muy rimbombantes desde lo mediático, pero cuando usted mira los recursos, estos son insuficientes. El mensaje es que “estamos avanzando”, pero hay que ir a ver qué es eso en la realidad”.
El alcalde de Caramanta busca, con sus colegas de 11 municipios de la provincia de Cartama, en el Suroeste antioqueño, 2.520 soluciones de vivienda rural, pero en esta primera financiación del gobierno estas localidades no salieron beneficiadas.
Mientras la política toma forma y se encuentran los recursos que garanticen la disminución del déficit, la preocupación de Orozco es que su vereda Campo Alegre siga perdiendo la vocación productiva. “Estamos pasando de un estrato alto a uno más bajo. En vez de subir, va a bajar, porque esto por aquí ya va pareciendo un barrio de Marinilla. Ya son casitas junticas y a cualquiera le montan una casa a un metro de la propiedad”, se queja
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