El sistema tributario colombiano no debe reformarse muy rápido porque ello podría afectar negativamente la recuperación económica tras la crisis por la pandemia, pero tampoco muy lento porque el déficit fiscal –que este año cerraría en 8,6 % del PIB, calcula el Gobierno– apremia, y con ello la perspectiva de los inversores y las calificadoras sobre el país se pondría en riesgo.
Esta es tan solo una de las grandes conclusiones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que desde agosto pasado analizó cómo está Colombia en esta materia, cuál es la conveniencia de dichos beneficios y qué reformas es posible implementar de cara a la reactivación económica y la recuperación de empleo (ver Paréntesis).
Una de las primeras acciones de ese grupo fue corregir el cálculo del impacto fiscal de los beneficios tributarios en el país durante 2019, que en las cuentas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se ubicó en el orden de los 92 billones de pesos, pero con la metodología de la Comisión se halló que fue equivalente a 69,1 billones. Esto, vale aclarar, producto de que se revisó el peso que tuvieron algunas medidas en IVA y renta.
Además, entrando en materia sobre los hallazgos, Bert Brys, miembro de la Ocde y quien estuvo en la Secretaría Técnica de la Comisión, postuló que “Colombia tiene un sistema tributario excesivamente complejo, distorsionante y que no es especialmente justo”.
El experto añadió que este sistema no está alineado con las buenas prácticas internacionales y “quienes elaboran las políticas” lo han utilizado para tratar deficiencias estructurales pero ello ha resultado en “una base tributaria que es supremamente reducida y en ingresos bajos para estimular el desarrollo económico”.
Así, explicó que se debe analizar la eliminación del 4 x 1000 que aplica en transacciones financieras así como la modificación del impuesto del ICA para las empresas, los cuales son considerados como mecanismos complejos para los expertos.
IVA y renta
En tanto, sobre aspectos que serían determinantes en la reforma tributaria del Gobierno como el IVA, Brys acotó que para la Comisión la tarifa reducida de 5 % que se aplica a ciertos bienes y servicios (como planes de medicina prepagada, vehículos eléctricos y pastas alimenticias, entre otros) puede elevarse a entre 10 % y 12 %.
Igualmente se invitó al Gobierno a reducir el número de artículos y servicios que se encuentran excluidos y exentos de dicho gravamen, entendiendo que la base es pequeña frente a otros países, y se exaltó que deben seguir adelante las políticas para su compensación a la población más vulnerable y no gravar la canasta básica.
De otro lado, los expertos anotaron que el impuesto de renta en el país tiene varias exenciones que se necesitan reducir para mitigar problemas como una “base pequeña” de contribuyentes. También consideraron que hay un sistema injusto en el que a mayores ingresos, más grandes son las deducciones, lo que constituiría otro punto a reformar.
Para Lucas Solano, gerente de Planeación Patrimonial de Credicorp Capital, pese a que es evidente que el país necesita más recursos vía reforma, no hay que obviar la actual coyuntura económica que desató la pandemia, por lo que en caso de que se amplíe la base de impuestos como IVA, renta o patrimonio también “se debe disminuir su tarifa”.
Solano complementó que una reforma que elimine beneficios que distorsionan el sistema fiscal no sería la salvación para las deficiencias tributarias en el territorio nacional, sino que deberá ir acompañada de “estrategias para prevenir la evasión y elusión de impuestos y sobre todo planteamientos que permitan corregir la informalidad” (ver Gráfico).
Sumado a ello, otros pendientes, también reseñados por el grupo de expertos, son el bajo pago de dividendos por parte de las empresas, pues en muchos casos estas los perciben como ingresos, y que las pensiones tributen a una tasa justa, principalmente en el caso de las que son más altas.
Para el Laboratorio de pensamiento para la igualdad y el desarrollo sostenible, Lides Colombia, en líneas generales una de las grandes necesidades dentro de la reforma que presentará el Gobierno es que “el aumento de impuestos esté dirigido a sectores de más altos ingresos” para evitar efectos recesivos que pueda tener la iniciativa.
En un documento firmado por expertos como Cecilia López, exministra y exdirectora de Planeación Nacional, Amylkar Acosta, exministro de Minas y José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República, entre otros, el Lides indicó que se necesita una reforma “que no ahorque a la clase media; que reduzca la carga tributaria de las empresas (...) que grave, no solo los ingresos, sino también la riqueza; y que empiece a gravar de manera clara las actividades ambientalmente insostenibles”.
Desde el punto de vista del grupo de exfuncionarios definitivamente es relevante eliminar la “excesiva cantidad de beneficios” a personas jurídicas, así como a los impuestos de renta y patrimonio “a las personas naturales de altos ingresos”.
“Tenemos unos problemas estructurales de vieja data pero la pandemia del covid implica una reflexión muy profunda sobre el conjunto de la política pública colombiana (...) no solamente la parte tributaria sino también dificultades como la insuficiencia de nuestra red de protección social”, fue lo que exaltó Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.
Con todo esto, el Gobierno ya tiene en su poder recomendaciones claves para lo que será su ajuste fiscal con el que busca recaudar cerca de 15 billones y la pregunta es si tras 12 reformas en los últimos 20 años, la que viene será definitiva, por lo menos en el mediano plazo.
12 %
es una de las propuestas para una nueva tarifa reducida de IVA: comisión.
