Sin importar la orilla política, las personas en posiciones de liderazgo están de acuerdo en que por la coyuntura se necesita otorgar una renta básica para quienes debido a las decisiones de confinamiento han perdido su capacidad adquisitiva. La disputa está en el cómo.
Justamente, el presidente Iván Duque anunció la ampliación de Ingreso Solidario a junio, lo que él interpreta que es la renta básica en el país, con un alcance de 3 millones de familias en situación de pobreza para final de año.
Así, con 160.000 pesos en cada giro, para final de año habría 9 entregas por un total de 4,3 billones de pesos. A junio 2021, con las mismas condiciones el programa habría costado en total 7,2 billones de pesos —a principio de este mes se hablaba de haber beneficiado a 2,6 millones de familias, de acuerdo con las cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), con 1,2 billones—.
Lo anterior, dijo Duque, se suma a otras transferencias como Familias y Jóvenes en Acción, Devolución del IVA y Colombia Mayor.
Incluso, hay otras apuestas. Desde la Andi se propuso una sobretasa de 0,75 % a la nómina por dos años (desde 2021) que permita ampliar este programa entre julio y diciembre de 2020 a 1,5 millones de familias más.
La idea de Duque, es distinta a lo que piensan los 68 congresistas (47 senadores y 21 representantes) con el Proyecto de Ley de Renta Básica de Emergencia, según el senador del Partido Verde, Iván Marulanda.
La distinción, sostiene, es relevante, si se tiene como premisa que la propuesta legislativa es para llegar a 9 millones de familias, multiplica por 3 los hogares meta del Ingreso Solidario en 2020 por cinco meses (mínimo): tres con transferencias de un salario mínimo y dos con la mitad; lo que implicaría una inversión de 31,6 billones de pesos, con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) .
¿De dónde saldrían estas personas? Dice el proyecto que de la focalización del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisben) y de las mejoras que pueda generar el Gobierno.
Los programas de transferencias ya existentes “harían parte de la tesorería de renta básica, pero hay que sumar fuentes de otros recursos (Presupuesto General de la Nación, préstamos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, entre otros)”, explicó Marulanda.
Cómo focalizar el beneficio
La pregunta es relevante, dice la abogada de la Universidad de los Andes, Laura Porras, quién en términos generales se refiere a cómo debería funcionar un sistema de asistencia social.
Desde su perspectiva, lo ideal sería “acabar con la pobreza extrema (3,5 millones de personas en 2018), para lo cual propondría una transferencia no condicionada universal de 117.605 pesos; si se tuvieran más recursos, combinaría esto con transferencias focalizadas condicionadas (...). Si se tuviera más dinero, subiría el monto de la transferencia no condicionada universal y ampliaría la oferta de programas de focalización condicionada”, agregó Porras.
En el mismo sentido, Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, aseguró que el país no está listo para una renta básica universal por los “altos niveles de desigualdad; no tiene sentido que se destine este recurso para personas con altos ingresos (...) Diferente a si es una renta básica focalizada, a cierto grupo por sus condiciones particulares”.
¿De cuánto sería? Esta “Tiene que ver con que si esta asistencia es un complemento del ingreso o es el único; si el caso es el segundo se les debe garantizar como mínimo una canasta alimentaria (117.605 de pesos), aunque lo ideal es que sea la canasta básica para que no sean considerados pobres (línea de pobreza de 257.433 de pesos)”, dijo Restrepo.
El análisis, sostiene, parte de darles una renta básica a personas que por sus condiciones no pueden trabajar y de dotar a las personas, principalmente a jóvenes, “de capacidades suficientes para que generen sus propios ingresos en el futuro”.
En este contexto, Kelina Puche, directora de Fundesarrollo, afirmó que “la pobreza es un tema multidimensional y la garantía de una fuente de recursos fija, aunque mejoraría las condiciones de vida de los hogares, no debe excluir del debate las necesidades de avanzar en la inclusión educativa, laboral, de vivienda digna, y de salud”.
El debate debe haber una “mayor evidencia sobre los efectos de esta renta básica en los hogares para lograr una aproximación más certera para el caso colombiano, pues los estudios conocidos todavía dejan ver resultados ambivalentes”. Al final, hay que tener en cuenta el costo pues no es la única prioridad (ver recuadros) .
$4,3
billones costaría el programa para 3 millones de familias en 2020.
