Aunque la compañía Emgesa obtuvo la autorización del Gobierno para prender la planta hidroeléctrica El Quimbo, en el Huila, el Tribunal Administrativo de ese departamento ordenó frenar la operación.
La sentencia, proferida por el magistrado Ramiro Aponte Pino, le niega a la empresa generadora, filial de la italiana Enel, la posibilidad de iniciar pruebas, pues no cumple, estrictamente, con las licencias ambientales y planes de compensación requeridos.
Así las cosas, la compañía informó que no acatará el auto del tribunal y seguirá las instrucciones dadas por el Gobierno, argumentando estar amparada por el decreto presidencial de emergencia económica. Emgesa aseguró que el nivel del embalse es de 68,7 por ciento y que la planta está lista para generar energía con sus 400 megavatios de capacidad instalada, luego de una inversión de 1.200 millones de dólares, con altos sobrecostos.
Esto se da en medio de la preocupación, no sólo por el nivel de los embalses del país, sino por el aumento en las tarifas de energía, consecuencia de la fuerte sequía que azota al país por una mayor intensidad del fenómeno de El Niño.
Para el Gobierno, la entrada en operación de El Quimbo sería paliativo frente a la creciente demanda de energía y la dificultad de generación que tiene el país, por el déficit de gas para centrales térmicas, mientras las hidráulicas buscan preservar sus embalses.
Lo que dice el Tribunal...
Ahora bien, la decisión del Tribunal del Huila sustenta que Emgesa podría generar daños irreparables al no remover escombros vegetales, hecho que se vería reflejado en altos niveles de contaminación del río Magdalena y calificó que la decisión del Gobierno se sustentó sobre “circunstancias fácticas extrañas a la realidad”.
Legalmente, el auto administrativo del tribunal desautorizaría el decreto presidencial 1979 que le daba a Emgesa la posibilidad de prender su nueva planta.
