Se suman más competidores al mercado del transporte a través del pedido por aplicaciones digitales. Además de las conocidas Uber y Cabify, en Medellín aterrizó recientemente Beat, y anunció su llegada DiDi, la primera opción de origen chino.
Entendiendo que la oportunidad de escoger un medio de transporte alternativo al servicio público sigue en aumento, y que estas plataformas operan bajo reglas de juego distintas a las que tiene el transporte tradicional, vale la pena preguntarse ¿por qué entran a mercados con conflictos en regulación y cuál es el beneficio o daño para socios de las aplicaciones y clientes?
El panorama es que, según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el transporte de pasajeros a través de vehículos particulares es ilegal pues “existe una correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial por lo que debemos promover la transparencia en todas las actuaciones de los actores viales” (ver Claves).
Entre las sanciones, según la disposición de la cartera, se cuenta el hecho de que quien sea sorprendido ejerciendo este tipo de actividades, podrá quedar sin licencia de conducción hasta por 25 años y ser sancionado con la inmovilización de su vehículo. En esta materia, sólo en Bogotá, fueron canceladas 75 licencias a 2018.
Esa situación de ilegalidad la han querido revertir las apps, que consideran que hoy en Colombia su actividad no ha sido regulada. Manuel Torres, director general de Cabify en Colombia, le dijo a EL COLOMBIANO que se entregó un paquete de propuestas al Gobierno con la idea de equilibrar la cancha.
“Tenemos disposición para impulsar una propuesta de mejora a la política pública de transporte que plantea cuatro puntos: creación de un impuesto de rodamiento que aplique para taxis y aplicaciones, homologación del cupo del taxi como un porcentaje del cobro de ese gravamen, una licencia especializada para el conductor de carro particular que quiera prestar ese servicio y la supervisión de mínimos de calidad a los conductores”, dijo Torres.
Sin embargo, los taxistas agremiados del país no ven con buenos ojos las propuestas que se han hecho en esa materia, y grupos como Fuerza Amarilla en Medellín han instado a aumentar los controles, mientras se obliga a las plataformas a igualar cargas.
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