Si una empresa no tiene el dinero para pagarles a sus acreedores, o responder con sus necesidades básicas, la Ley le permite entrar a un proceso de insolvencia, es decir, un plan de negociaciones con sus acreedores para llegar a un acuerdo de pagos.
En ese proceso han pedido ingresar 62 empresas en Medellín, entre enero y junio de 2019, que si se comparan con las 656 a nivel nacional, representan el 9,4 %, lo que le da para ser la segunda más importante. Bogotá, según la Superintendencia de Sociedades (entidad que entrega el desagregado) es la más importante con 443 casos.
El total de procesos de insolvencia (trámite, ejecución y liquidación) va en 2.535 en Colombia, de los cuales 372 están en Medellín, con un crecimiento del 11 % frente a 2018 (en la capital antioqueña entraron en reorganización 243 y en liquidación 129). Esos 2.535 procesos representan activos por 32,8 billones y pasivos por 29,4 billones de pesos. El otro dato que preocupa es que son compañías que emplean a 21.739 personas.
De ese total, 876 están en fase de trámite, 1.094 son peticiones de reorganización, y 565 corresponden a empresas que pidieron su liquidación.
De acuerdo con datos de la Supersociedades, en los últimos cinco años ha habido un crecimiento del 118 % en el número de solicitudes presentadas ante las intendencias (sin incluir a Bogotá). Mientras, en 2014, el número llegó a 307, durante 2018 la cifra cerró en 672.
Para Juan Pablo Liévano, superintendente de Sociedades, si bien la cifra aumenta también hay una explicación en el interés que tienen las unidades productivas por encontrar una oportunidad de resurgimiento financiero.
“Debemos entender que una empresa en marcha es la que cumple con el cometido social y la finalidad de la insolvencia, que no es más que la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica, bajo un criterio de agregación de valor, proteger el empleo y el crédito”.
Lo cierto es que la insolvencia, que se constituye como un último salvavidas antes de entrar a reorganización o liquidación, ha sido un mecanismo más amable luego de que a mediados del año pasado se simplificara su aplicación (a través del decreto 991 de 2018), gracias a que las oficinas regionales ya pueden adelantar procesos de manera autónoma.
