Crear y mantener puestos de trabajo a término indefinido o fijo con todas las prestaciones (costos no salariales), es una tarea costosa para las empresas colombianas.
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el promedio de costos no salariales que estas deben asumir significan como mínimo el 48,4 % del valor de la nómina, siendo este el segundo porcentaje más alto entre los países de la Alianza del Pacífico, por detrás del de Perú (49,9 %) y encima de los de México (28,4 %) y Chile (11,8 %), de acuerdo con cálculos del gremio basados en cifras de la Ocde, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además, Anif asegura que dichos costos extra para el caso de un salario mínimo (2020) ascienden a 52 % de la nómina, debido a los diferentes pagos que deben asumir las compañías mientras que la Andi, gremio de los empresarios, sostiene que la carga prestacional asociada al mínimo, a cargo del empleador, es del 62,4 % con beneficios como auxilio de transporte, Cajas de Compensación Familiar, ARL, salud y pensión, por ejemplo (ver gráfico).
El contexto, ya de por sí difícil, se complicó con la llegada de la pandemia y el impacto económico que generó sobre las empresas. Solo en abril del año pasado seis de cada diez firmas colombianas redujeron en más de 75 % sus ingresos con relación al mismo mes del año pasado, mientras que para mayo lo sufrieron casi cinco de cada diez (47 %), dice la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).
Además, para junio, añaden los datos del gremio presidido por Rosmery Quintero, el 41 % de las organizaciones bajaron sus ventas entre 25 % y 50 %.
Todo ello se reflejó en una incapacidad para sostener la mano de obra y que en abril se perdieran 5,3 millones de empleos según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), de los cuales se recuperaron 4,78 millones a noviembre, mes en el que se registraron 21,3 millones de trabajadores activos.
No obstante, el trabajo informal tiene una alta incidencia y en línea con los números de la entidad estadística, casi uno de cada dos empleos vigentes en el trimestre móvil agosto - octubre eran de ese tipo (47,5 %) en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas nacionales, entre ellas el Valle de Aburrá.
Lo que explica Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, es que la informalidad incluso puede ser más alta, si se tiene en cuenta que para el Dane este concepto abarca a “los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio”, mientras que para la academia se trata de quienes no están afiliados a seguridad social sin importar la relación de dependiente o independiente, es decir, sin distinción de en quién repose la responsabilidad del pago de estos beneficios (empleador o vinculado).
“Un contrato de prestación de servicios es formal si tiene cubrimiento de seguridad social”, ratificó Jaramillo.
Tarea difícil
Adrián Garlati, docente de la Universidad Javeriana, dice que uno de los factores para la alta informalidad en el país es justamente la presión que ejercen los costos no salariales para las compañías.
Ejemplifica que lo que demostró que bajar estas cargas permite a las unidades productivas crear vacantes formales con la totalidad de prestaciones fue la reforma tributaria de 2012, después de la cual la informalidad se ha ubicado por debajo de 50 % en las ciudades principales, según el Dane.
El efecto concreto de esa ley, dice Anif, fue eliminar el sobrecosto empresarial de 4 % que llegaron a representar las Cajas de Compensación Familiar.
No obstante, acota Garlati que aunque reducir las obligaciones no salariales es posible “hay que analizar cómo hacerlo sin afectar las prestaciones de los trabajadores”.
En contraparte, Jaramillo analiza que “en realidad” los costos –no salariales– se han reducido por la pandemia y “los despidos son cada vez más libres”.
Esto, dice el experto de la U. Rosario, se observó en hechos como que durante la emergencia sanitaria algunas prestaciones fueron “tocadas y reorientadas”.
“El auxilio de cesantías fue redirigido para asumir el menor costo y la disminución de salarios de los trabajadores; las vacaciones fueron desnaturalizadas en la normalidad de descanso remunerado; y la prima de servicios se alteró en los períodos de pago”, exalta.
Para el experto, los verdaderos impulsos para que las organizaciones puedan disponer de mano de obra formal están en buscar caminos distintos de formación para el trabajo, adaptación del modelo laboral y diálogo social para estructurar políticas públicas que favorezcan la recuperación de la empleabilidad.
Lo que dicen los empresarios
Jorge Restrepo Palacio, gerente del Hotel Caucasia, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, dice que desde su experiencia como empresario del sector hotelero, en el que se maneja la incertidumbre de la ocupación, “es demasiado costoso mantener el empleo formal con todas las prestaciones”.
Según Restrepo, debido al efecto del virus sobre el turismo en diciembre se vio obligado a prescindir de dos de sus empleados, por la incapacidad para cubrir los valores no salariales.
“Fuera del costo social, el precio de uno como empresario al despedir un empleado es muy alto. Tenía ocho colaboradores antes de la pandemia, luego siete y quedan cinco”, manifiesta, y añade que en su concepto una ayuda sería implementar el modelo de contratación por horas en el país. (ver Glosario).
De su lado, Rubén Guarín, gerente de la empresa de confecciones Raf Over Ltda., anota que la formalidad es un factor fundamental para que el sector privado crezca y sea competitivo.
Guarín asegura que, pese a la pandemia, lo que en su firma se ha priorizado es conservar los puestos de trabajo, y adhiere que el pago de prestaciones tiene un beneficio y es generar un sentido de pertenencia de los colaboradores.
De tener empleados informales, manifiesta que al final ello puede ser más costoso en caso de que un accidente laboral provoque medidas legales para las que se deba destinar un alto capital, incluso superior de lo que cuesta una afiliación a seguridad social.
Las ideas
Pensando en cómo bajar las cargas para absorber mano de obra, lo que propuso el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, durante el pasado Congreso Camacol, es que el Gobierno subsidie 16,5 % de los costos de contratación por un período determinado.
En esa propuesta un 12 % iría para aportes por concepto de pensiones; 4 % a cajas de compensación; y 0,5 % para riesgos laborales.
Para Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, por más propuestas que existan, lo cierto es que si se quieren adelantar reformas estructurales el país tiene poco margen de maniobra para bajar esos costos. “No se me ocurre que se puede quitar o rebajar: ¿cajas de compensación?, ¿aportes a pensiones?, ¿reducir vacaciones?”.
El experto añade “no hay una sola política que resuelva el tema”, y que la clave está en aumentar la productividad si lo que se quiere es impulsar la formalidad y el crecimiento empresarial (ver Para saber más).
Para Jaramillo, de la U. Rosario, también será vital combatir la falta de conexión entre los trabajos que se ofrecen y la mano de obra disponible en el país, fortalecer las políticas públicas de ayuda para quienes están en condición de desempleo y bajar las cargas tributarias que impactan a quienes desean hacer empresa.
Al final, afirma Gerardo Herrera, líder de riesgos de la consultora Marsh, el empleo formal con la totalidad de prestaciones ofrece una estructura para que haya equidad en los beneficios de los trabajadores y que las compañías tengan igualdad en costos y precios finales que acarrean sus productos, pero poder generar nuevas posiciones laborales dependerá de cómo evolucione la demanda y la producción luego del golpe que supuso la pandemia.
