“Glencore puede confirmar que su filial colombiana, Prodeco, iniciará el proceso de devolución de sus contratos mineros a la República de Colombia a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM)”.
Así comienza el comunicado de la multinacional suiza emitido ayer, en el que se señala que la decisión de renunciar a los contratos mineros no se tomó a la ligera y es un resultado decepcionante.
Por su parte, Prodeco en Colombia recordó que en diciembre pasado le solicitó a la ANM una suspensión de operaciones para las minas de Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el departamento de Cesar, pero esta fue negada.
Como consecuencia de dicha decisión, Prodeco adelantó una nueva revisión operativa para identificar eficiencias adicionales en sus costos de operación, considerando las expectativas de precios a la baja en los mercados de carbón que son objetivo de la compañía.
“Las conclusiones de la revisión no fueron diferentes a aquellas obtenidas en los ejercicios previos, esto es, que el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable”, se indicó en el texto (ver Paréntesis).
Analizando el asunto
Frente a los anuncios de la compañía, la ANM que preside Juan Miguel Durán, expresó que en efecto recibió ayer la solicitud de renuncia a los derechos mineros de los títulos de Prodeco en Colombia.
“La ANM realizará la evaluación de la solicitud radicada con el objetivo de definir si es viable legalmente. El proceso de evaluación incluye una revisión rigurosa al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales derivadas de los títulos mineros, entre las cuales se contemplan las obligaciones ambientales, sociales y económicas”, precisó en la entidad en su cuenta de Twitter.
A su turno, Igor Díaz, presidente de la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), manifestó que la organización también está analizando la comunicación que la empresa le envió a sus casi 2.500 colaboradores.
“Ellos hablan de irse del país y hacer una solicitud de despidos masivos al Ministerio de Trabajo. Esto, de golpe genera un impacto negativo en la zona no solo desde el punto de vista laboral, sino en lo social de muchas comunidades en el Cesar y Magdalena”, expresó Díaz
