Una encuesta realizada entre los 56 afiliados a la Asociación Colombiana de Minería (ACM) determinó que las diferentes compañías invirtieron el año pasado 13,97 billones de pesos en compras, así como en la ejecución de programas y proyectos sociales y ambientales.
En el reporte, la agremiación señaló que 127.040 millones de pesos se destinaron a impulsar iniciativas de carácter social principalmente en educación, salud e infraestructura vial. La cifra observó un aumento de 54,54 % frente a los 82.200 millones de pesos ejecutados en 2017.
Resaltó que en inversiones ambientales, la industria aportó 364.544 millones de pesos en programas enfocados en la preservación y cuidado del agua, aire y biodiversidad, y de los cuales un 46 % correspondió a inversiones de carácter voluntario (ver gráfico).
Además, se evidenció que las empresas mineras compraron bienes y servicios por más de 13,5 billones de pesos, de las cuales el 72 % correspondió a adquisiciones en el país y el 29 % de aquellas se ejecutaron en el área de influencia de las operaciones, impulsado así los encadenamientos productivos en las regiones.
El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, destacó el hecho de que el 83 % de estas inversiones se hubiera concertado con las autoridades locales y las comunidades refleja el compromiso del sector por incidir de manera cohesionada en los territorios.
Minería, ¿sí o no?
Adicional a los resultados de la encuesta de la ACM se presentó la estrategia C4, cuyo objetivo es señalarles a las compañías mineras cómo construir confianza a partir de cuatro factores claves.
Jaime Arteaga, director del estudio sectorial Brújula Minera, precisó que la iniciativa debe enfocarse en el cumplimiento de estándares, la contribución al desarrollo de las regiones, el compromiso con las comunidades y la credibilidad de las empresas ante sus diferentes grupos de interés.
“Las conversaciones sobre la minería son un asunto nacional, pero nosotros no hemos logrado conectar este sector con los problemas del país. Hemos avanzado en lo local, pero el nuevo reto es hacer este clic con lo nacional”, comentó Arteaga.
A su turno, la viceministra de Minas, Carolina Rojas-Hayes, quien participó el jueves en el quinto panel de reputación de la minería, insistió en que uno de los principales retos de esta actividad productiva es que las comunidades puedan conectar los beneficios que trae para las regiones la distribución de las regalías que se generan.
La funcionaria añadió que “tenemos el reto de posicionar los muchos beneficios que trae para las comunidades a través de empleo de calidad, regalías y encadenamientos productivos”.
Mejora reputacional
Mientras los empresarios señalan a la falta de estabilidad jurídica, a las dificultades para acceder a las licencias ambientales y al rechazo de las comunidades como sus principales razones para reducir las operaciones, desde la academia se plantean propuestas para revertir ese fenómeno.
De hecho, hoy en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional se presenta una tesis doctoral en la que se afirma que las mineras deben apoyar a las comunidades con proyectos productivos en los territorios donde desarrollan su actividad, y para lo cual deben reconsiderar la forma de hacer responsabilidad social, pues en la mayoría de los casos esta se ha enfocado en infraestructura (ver Paréntesis).
El trabajo del investigador Gustavo Adolfo Aristizábal señala que cuando los proyectos mineros se instalan tienen impactos en la población, y lo ideal es que se conviertan en un factor positivo de desarrollo e ir cambiando el imaginario de que en torno a la minería solo hay destrucción.
Para el Aristizábal es fundamental el consenso con las comunidades, ya que son estas las que deben empoderarse y ejecutar actividades económicas que les den sustento, por lo cual es importante identificar claramente qué aspectos se deben fortalecer y no cambiarse por completo, un error que con frecuencia cometen las mineras.
En ese contexto, el profesor del Departamento de Materiales y Minerales de la Universidad Nacional, Óscar Jaime Restrepo, explicó que las experiencias mineras en Segovia (Antioquia) o Marmato (Caldas) no han sido buenas, y las grandes apuestas carboneras de la costa Caribe se han aislado sin generar ningún tipo de encadenamiento.
“Los ejercicios que se han hecho en Antioquia de Continental Gold en Buriticá y Red Eagle Mining en Santa Rosa de Osos nos están mostrando líneas interesantes, dado que encadenan a pequeños proveedores generando acciones de sostenibilidad”, concluye Restrepo.
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