La emergencia sanitaria y económica desatada por la covid-19 pondría en riesgo de insolvencia hasta un 37 % de las empresas colombianas, según un estudio de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades).
El ejercicio según el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, colocó en varios escenarios de estrés las cuentas financieras de alrededor de 16.000 compañías que reportan sus balances anualmente.
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En un escenario optimista, aun con un crecimiento económico positivo al final del año (2 %), la muestra arroja que unas 1.600 firmas podrían observar insolvencia. En un escenario moderado (0,6 %) serían 2.300, en condiciones pesimistas (-1,9 %) subiría a 2.700 y en una situación extrema (con decrecimiento superior al 7,7 %) la cifra sería 5.500.
Es necesario aclarar que el modelo supone un riesgo de insolvencia, lo que no implica necesariamente que las compañías vayan a entrar en ese estado. “Esta es una muestra y podrían ser muchas más en el sentido de que las sociedades en Colombia son aproximadamente 500.000 y además hay 1,1 millones de personas naturales comerciantes que están registradas. Es decir que estamos hablando de un problema de insolvencia entre el 17 % y el 37 % de las empresas”, declaró el funcionario.
Además, confió en que a través de las normas y líneas de crédito expedidas por el Gobierno se pueda bajar el riesgo de insolvencia.
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Durante el periodo comprendido entre el primero de abril y lo corrido del mes de mayo, se han reportado 68 solicitudes de insolvencia, de estas, 56 son procesos o trámites de reorganización y 12 para procesos de liquidación.
De ese total de 68 empresas que han solicitado ingresar a procesos o trámites de insolvencia, 64 se presentaron para acogerse a la Ley 1116 de 2006, mientras que 4 se presentaron para acogerse directamente al nuevo régimen transitorio del Decreto 560 de 2020 bajo la figura de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, que posibilita la negociación directa con los acreedores sin intervención del juez, suspendiendo procesos ejecutivos y posibilitando el aplazamiento de algunos pagos de gastos de administración.
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