137
países acordaron las bases propuestas por la Ocde para gravar a las tecnológicas.
3 %
es el impuesto con el que Francia grava a las firmas tecnológicas.
Cuando se habla de los retos de la próxima década en el mundo, la sostenibilidad y el cuidado del ambiente como bases de los años que vienen, son los primeros que resaltan. Allí están incluidos, entre otros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los que se busca una reducción de la pobreza y realizar acciones por el clima.
Pero ese es apenas el principio. En Europa, por ejemplo, los países se han adelantado en una tarea que está pendiente en Latinoamérica: establecer los estándares para que las empresas tecnológicas tributen, no solo en sus países base, sino en todos los que operan (ver Informe).
¿Será fácil? Por ahora, parece que existen más retos que certezas. “Anteriormente todo se compraba dentro del mismo país de residencia, cuando no existía internet, pero desde que llegó esta tecnología se empezaron a hacer compras por fuera, en plataformas como Amazon o AliExpress. La pregunta que se hace el mundo es esa plata dónde paga impuestos”, apunta Germán Arias Pimienta, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Y es que el tema ha venido escalando rápidamente en la agenda internacional, a tal punto que le fue dedicado un panel completo en el Foro de Davos, que se llevó a cabo en semanas pasadas en Suiza.
Allí abrieron la discusión, entre otros, el ministro de Economía francés Bruno Le Maire, sobre cómo gravar a la economía digital sin que esto detone en una guerra comercial 2.0, con Estados Unidos, cuna de gigantes de este mercado como Google, Facebook o Amazon (ver Informe).
El caso de Francia
“Estas empresas tienen que cumplir las reglas de tributación y deben ser gravadas con sistemas simples pero eficientes”, dijo Le Maire. En este caso es válido apuntar que Francia es un referente en cuanto a la regulación tributaria para este tipo de empresas.
En julio del año pasado el país aprobó la tasa Gafa (en relación a Google, Apple, Facebook y Amazon) donde le impuso un impuesto de 3 % a las multinacionales tecnológicas con ingresos superiores a 800 millones de dólares por concepto de operaciones globales, y más de 30 millones solamente en ese territorio, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en adoptar la medida.
En el propio evento del Foro Económico Mundial en Suiza, la potencia europea bajó el tono e incluso propuso “congelar” el Gafa hasta diciembre para evitar una “escalada arancelaria” con Estados Unidos, que ha mostrado su intención de responder a la medida con aranceles de 100 % y por 2.400 millones de dólares, a productos agro franceses.
Pero, con miras a una década de control tributario a las firmas tecnológicas, ¿las posibles represalias de potencias como Estados Unidos se vuelven una barrera?
“Es un tema de poder económico, como las respuestas arancelarias de China a Estados Unidos, se trata de balancear las cosas. La respuesta de Estados Unidos si atacan a sus tecnológicas es gravar al sector agro de los países que lo hagan”, dice Arias Pimienta.
Y a renglón seguido, destaca que, “en Europa hay mayor voluntad política y sostiene un pulso con los otros dos grandes bloques económicos del mundo: el americano y el asiático”.
“Europa está viendo que todo el comercio digital se lo está llevando Estados Unidos, porque las grandes empresas de tecnología son de allí”, dice el experto.
La Ocde presiona
En octubre del año pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) propuso que se establecieran las bases para que las firmas de este sector empezaran a tributar (ver Semáforo).
“Hacemos un trabajo real para abordar los desafíos impositivos derivados de la digitalización de la economía y continuar avanzando hacia una solución basada en el consenso para revisar el sistema tributario internacional para 2020”, expresó en su momento el secretario general de la Ocde, José Ángel Gurría.
En concreto, la propuesta del organismo internacional se basa en normas simplificadas en las que sean asignados una parte de los beneficios de las firmas digitales a los países en donde tienen clientes.
La meta es que esos lineamientos queden listos este año, algo que de no suceder, preocupa a Gurría, en tanto, dijo, todo revés que sufra “aumentará el riesgo de que los países actúen de forma unilateral, con consecuencias negativas para una economía mundial ya de por sí frágil”.
Justamente el viernes pasado se conoció que 137 países y territorios que negocian sobre la fiscalidad de la actividad digital en la Ocde acordaron hacer realidad las bases de negociación del futuro impuesto que permitirá gravar a las multinacionales en el lugar en donde tengan sus clientes, aunque no dispongan allí de presencia física, según reportó la agencia EFE.
“Sobre todo, significa que la organización ha conseguido imponer a las partes la propuesta que presentó el pasado mes de octubre, y que Estados Unidos acepta el principio de un impuesto a las grandes compañías del negocio digital, que en su mayor parte son estadounidenses, como Google, Amazon, Facebook o Apple”, asegura el documento emitido por el portal de noticias.
¿Latinoamérica atrasada?
Mientras toda esta discusión transcurre, hay un actor que parece alejado de ella: América Latina. O así lo considera Arias, para quien aún no se ha analizado a fondo el impacto económico que tendría una regulación articulada en la región a estas compañías.
“¿De qué vive un país? De los impuestos; y si las firmas se están llevando estos ingresos significa que el país va a tener menos ingresos de los que podría tener por este concepto a futuro”, comenta.
Hablando de Colombia, en particular, Carlos Rodríguez, abogado tributarista experto en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), afirma que desde la Ley 1819 del 2016 se estableció que los servicios que se gravan en el país son los prestados en el territorio nacional y desde el exterior.
“Si a mí me prestan un servicio desde el exterior como Spotify, este se encuentra gravado en el país. Ahí es donde se ha regulado el tema, porque los prestadores de servicio tienen que inscribirse en nuestro país y empezar a cobrar el IVA”, explica Rodríguez.
No obstante, aclara que esto solo hace referencia a los gravámenes indirectos, porque si se habla de los directos “el reto está en el cobro del impuesto a la renta por las utilidades que cobran estas empresas”.
En ese sentido Rodríguez recuerda que, aunque este tipo de compañías pagan IVA en Colombia, el tema debe ir más allá si se quiere ampliar el recaudo por cuenta de lo que mueven, ya que, en la práctica el impuesto al consumo lo están pagando los usuarios.
Y es que, el comercio electrónico, por ejemplo, es un renglón que está moviendo cada vez más dinero a nivel nacional. Según los Indicadores de Transacciones Digitales en Colombia reportados por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en el 2018 se movieron cerca de 110.335 millones de pesos por compras en este tipo de plataformas, mientras que para 2017 la cifra ascendía a 90.391 millones, y en 2016 a 78.128 millones. Al efectuar estos pagos los usuarios usan la tarjeta como medio predilecto, siendo la de crédito utilizada en el 93,9 % de las veces, en tanto que la débito es el recurso en el 6,1 % de los negocios.
Con todo este potencial, y con sectores alternativos que crecen año tras año, Germán Arias dice que hay que articular más a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y el Instituto Colombiano Agropecuario, entre otras, para poner un mayor control a las tecnológicas.
De momento, parece que el 2020 tendrá las bases de lo que se avizora, pero será un debate largo en una década que estará marcada por el internet de las cosas y la Cuarta Revolución Industrial .
1.200
millones de euros es el plan de recaudo de España con la tasa Google.
93,9%
de las compras digitales en el país se pagan con tarjeta de crédito, dice la Ccce.
