Un consumidor financiero informado es uno protegido. Con esa idea transversal, la Superintendencia Financiera de Colombia explicó que en el primer trimestre es obligación que las entidades envíen “los reportes correspondientes a pensiones, créditos de vivienda, leasing habitacional, negocios fiduciarios y costos de productos financieros, entre otros” a sus clientes.
La situación es relevante si se tiene en cuenta que solamente en el sistema pensional se registran 22,18 millones de afiliados entre el sistema público y privado de pensiones, se estima que al menos 27,8 millones de adultos tienen acceso a al menos un producto financiero y hay 13,8 millones de adultos que cuentan con créditos vigentes, según la información de Banca de Oportunidades a septiembre del 2018 (último reporte).
Quienes tienen créditos de vivienda deben recibir de su entidad la información a más tardar el 31 de enero, sobre la totalidad del comportamiento del producto. En este se debe indicar “cómo se aplicaron los abonos a capital y el saldo de la deuda (ambos en UVR y en pesos) además de los valores por concepto de seguros e intereses”.
Además, le deben mostrar una proyección para el año en curso y de ser necesario los clientes podrán ajustar su plan de amortización a su capacidad de pago.
En el caso de pensiones, tanto en el régimen privado como en el público, el usuario debe recibir la información del comportamiento máximo el 31 marzo, y de esta manera podrá corroborar la información consignada sobre las semanas de cotización, para evitar errores o hacer las correcciones pertinentes .
